Seis niños asesinados en un ataque contra un punto de distribución de agua mientras el Gobierno israelí admite su proyecto de limpieza étnica en la Franja
La maquinaria de destrucción sobre Gaza no se detiene. Esta misma mañana, al menos diez personas —entre ellas seis niños— han sido asesinadas por un ataque israelí contra un centro de distribución de agua en el campo de refugiados de Nuseirat, según confirmaron fuentes médicas a la agencia oficial palestina Wafa. Otras siete personas, también menores de edad, han resultado heridas. El centro atacado era uno de los pocos que aún suministraban agua a la población, en condiciones ya extremas.
En las horas previas, otros 19 palestinos fueron asesinados en ataques similares. Una decena también en Nuseirat, tras un bombardeo israelí sobre una vivienda. Cinco ciudadanos murieron en un ataque a otra casa en la ciudad de Gaza, en la calle Hamid. En el barrio de Sabra, una niña falleció tras otro bombardeo cerca de la Mezquita del Complejo Islámico. En el sur de la Franja, el Complejo Médico Nasser anunció la muerte de tres civiles más, alcanzados mientras se refugiaban en una tienda de campaña en Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023, al menos 57.882 personas han muerto y 138.095 han resultado heridas. A la matanza directa se suma el colapso total de las condiciones básicas de vida. Siete agencias de Naciones Unidas han advertido que el combustible ha llegado a niveles críticos. Sin él, colapsarán los hospitales, las ambulancias, el sistema de agua potable, las panaderías y la distribución de ayuda. “Dos millones de personas pueden quedarse sin acceso a servicios básicos”, ha alertado el organismo.
En paralelo, las colas del hambre se han convertido en una trampa mortal. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado 798 asesinatos desde mayo de civiles palestinos que esperaban alimentos. Al menos 615 murieron en las inmediaciones de puntos de reparto gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, y otros 183 fueron alcanzados en el trayecto hacia los convoyes de ayuda. “Muchos de ellos murieron por disparos o ataques aéreos del ejército israelí”, denunció la portavoz Ravina Shamdasani.
La Fundación, respaldada por Israel y Estados Unidos, gestiona un sistema de distribución señalado por varias ONG como una herramienta deliberada de control y desplazamiento. Solo cuatro centros funcionan en toda la Franja, obligando a la población hambrienta a recorrer kilómetros para sobrevivir. En esas colas, según la ONU, casi 800 personas han sido asesinadas mientras esperaban comida.
Pero lo que hoy marca un punto de inflexión no es solo la continuidad de los bombardeos o el hambre como arma de guerra. Es que Israel ha empezado a decir en voz alta lo que ya venía ejecutando. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha revelado que ha ordenado al Ejército diseñar un plan para levantar una ciudad sobre las ruinas de Rafah y encerrar allí a toda la población gazatí. Lo enmarca dentro de un “plan de emigración”, que prevé además su expulsión posterior del territorio.
El plan cuenta con la participación del Boston Consulting Group, una influyente consultora estadounidense. Documentos revelados por Financial Times muestran que ha propuesto un esquema para expulsar a 500.000 palestinos —el 25 % de la población de Gaza— con incentivos de 9.000 dólares por persona. En total, 5.000 millones de dólares para financiar la limpieza étnica. El BCG también participó en el diseño del sistema actual de distribución de ayuda, que ya ha costado cientos de vidas.
Este proyecto, respaldado por sectores del Gobierno y también por figuras de la oposición como Yair Lapid, se acompaña de un discurso oficial cada vez más brutal. “Es el momento de ocupar y limpiar la totalidad de la Franja de Gaza”, declaró en enero el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. La esposa de Netanyahu llegó a decir: “No los llamo animales humanos porque eso sería insultante para los animales”.
Durante su visita esta semana a Washington, el primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en que se trata de una salida “voluntaria”: “Si quieren quedarse, pueden hacerlo; si quieren irse, deberían poder irse”. Pero lo que se ofrece no es una elección: es una expulsión forzosa o la permanencia en un territorio destruido, hambriento, sitiado y cada día más invivible. La sinceridad con la que ahora se exponen estos planes, el apoyo logístico que ya tienen y la indiferencia internacional ante lo que expertos jurídicos califican como crímenes de guerra y genocidio, dibujan el paso definitivo de Israel hacia la institucionalización de la limpieza étnica. Una política que ya no se esconde, sino que se anuncia como si fuera legítima.
Fuente: Mundo Obrero