No se trata de sospechas, ni de teorías, ni de interpretaciones ideológicas. Se trata de dinero, documentos oficiales y una estrategia sostenida durante décadas por el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a Cuba desde dentro. Una guerra que no se libra con bombas ni ejércitos, sino con medios digitales, plataformas “independientes”, ONG de fachada y operadores mediáticos a sueldo.
Estas entidades no operan de manera independiente. Actúan como ejecutoras de líneas editoriales y políticas externas, con el objetivo de amplificar conflictos sociales, construir percepciones de ingobernabilidad y erosionar la legitimidad institucional. Su relevancia no está asociada a su representatividad social ni a su credibilidad periodística, sino al alcance y a la reiteración de los mensajes que difunden en el espacio digital.
Dentro de esta red figuran plataformas y organizaciones como el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factua, Distintas Latitudes, la Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hypermedia, Diario de Cuba, Cubanet y vínculos académicos asociados a la Universidad Sergio Arboleda, todas integradas en circuitos de financiamiento y orientación política externos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió públicamente a este fenómeno al advertir:
“Hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediáticas han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo”.
Los datos respaldan estas declaraciones. El portal Cuba Money Project, creado por el periodista estadounidense Tracey Eaton, documentó que entre 1990 y 2020 Estados Unidos destinó 261 millones 395 mil 214 dólares a programas dirigidos contra Cuba. La información procede del explorador de ayuda exterior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La cifra no representa el gasto total, ya que excluye partidas destinadas a medios financiados directamente por el gobierno estadounidense, como Radio Martí y Tele Martí. Del monto registrado, 124 millones 589 mil 014 dólares fueron clasificados como “participación democrática y sociedad civil”; 38 millones 301mil 658 dólares como “derechos humanos”; y 25 millones 220 mil 049 dólares como “medios y libre flujo de información”.
Entre los principales receptores figuran el Instituto Republicano Internacional, con 18 millones 515 mil 956 dólares; el Grupo de Apoyo a la Democracia, con 18 millones 077 mil165 dólares; y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que recibió 864 mil144 dólares. Según Cuba Money Project, desde enero de 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia, la USAID canalizó más de 50 millones de dólares hacia proyectos orientados a promover un cambio de sistema en la isla.
A ello se suma que la administración estadounidense destinó más de 22 millones de dólares a programas de subversión interna. De acuerdo con registros del Departamento de Estado y la USAID, la cifra exacta asciende a 22 millones 093 mil 043 dólares, incluyendo 2 millones 161mil 000 dólares asignados a programas vinculados a la base naval estadounidense en Guantánamo, territorio que Cuba considera ocupado contra la voluntad de su pueblo.
Los documentos también revelan deficiencias de transparencia. El Departamento de Estado redactó los nombres de las organizaciones que recibieron 1 millón 320 mil 804 dólares de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), mientras que la USAID no divulgó los beneficiarios de otros 206.535 dólares. Parte de los fondos fue canalizada hacia entidades privadas, entre ellas la fundación Bacardí, que recibió 288 mil 283 dólares y la empresa Canyon Communications, con 273 mil 580 dólares.
Asimismo, 14 millones 386.098 dólares fueron distribuidos entre 42 organizaciones bajo proyectos clasificados como “promoción de la democracia”. En 2018, según cifras publicadas por la propia NED, el gasto destinado a estos programas ascendió a 4 millones 643 mil 525 dólares, lo que representó un incremento del 22 % respecto a los 3 millones 814 mil de dólares reportados en 2017.
En octubre de 2020, Cuba Money Project informó que el Departamento de Estado planeaba invertir más de un millón de dólares en la formación de una “nueva generación de líderes independientes en Cuba”. El entonces embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, calificó este programa como un intento de fabricar referentes políticos externos, a los que definió como “Guaidó cubanos”.
La NED figura como uno de los actores centrales de este esquema. Financia más de mil proyectos de organizaciones no gubernamentales en distintos países y fue creada para dar continuidad legal a acciones políticas previamente encubiertas. En 1991, su primer presidente, Allen Weinstein, declaró:
“Mucho de lo que hoy hacemos ya lo hacía la CIA hace 25 años de manera encubierta”.
Los documentos disponibles permiten concluir que la denominada guerra mediática contra Cuba no responde a acciones aisladas, sino a una estrategia estructurada, financiada y sostenida en el tiempo.
No se trata de una política coyuntural ni asociada a una administración específica. Es una política de Estado que los Estados Unidos ha mantenido durante décadas.
Los documentos están disponibles, gran parte de los flujos financieros son rastreables y los actores están identificados.
Más que una opinión, ni de una interpretación ideológica, se trata de hechos más que comprobables.
