El portavoz de Izquierda Unida en Munera, Juan Miguel Torres López, ha denunciado públicamente una situación de inactividad municipal que se prolonga desde 2017 en relación con diversas obras ilegales realizadas por la empresa Aldonza Gourmet. Según el concejal, la mercantil ha ejecutado construcciones en suelo rústico sin licencia, incluyendo un cartel publicitario gigante de 15×20 metros, estructuras metálicas y el adoquinado de una zona de servidumbre de la antigua carretera N-430.
El punto más crítico de la denuncia se refiere a la sesión plenaria de julio de 2024. Torres acusa al Alcalde de ocultar información deliberadamente a los concejales al solicitar la cesión de un tramo de la carretera N-430 al Ayuntamiento. Según el portavoz, el Alcalde no informó que en dicho tramo se ubicaba el adoquinado ilegal de Aldonza Gourmet, el cual ya contaba con informes técnicos de infracción y una denegación previa de la Demarcación de Carreteras. IU sostiene que esta maniobra buscaba «neutralizar» las obras ilegales para intentar legalizarlas posteriormente como camino municipal, lo que califica como un «fraude de ley» y una «traición a la confianza» de los vecinos.
La denuncia también resalta que un expediente sancionador abierto en 2021 fue dejado caducar tras 40 meses de inactividad por parte de la Alcaldía y la Secretaría municipal, permitiendo que los plazos de prescripción corrieran a favor de la empresa. Tras un recurso presentado por IU en febrero de 2026, el Ayuntamiento reaccionó abriendo un expediente de legalización en lugar de uno sancionador, una medida que el concejal ha impugnado nuevamente.
Ante la gravedad de los hechos y la reciente abstención voluntaria del Secretario-Interventor en el caso, Torres ha dado un plazo de un mes al consistorio para que adopte medidas legales contundentes, ejecute las órdenes de demolición pendientes y designe un instructor externo. De lo contrario, el concejal ha anunciado que trasladará el caso al Ministerio Fiscal, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Defensor del Pueblo por posibles delitos de prevaricación omisiva y engaño al Pleno.
