Tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, las penas quedaron reducidas a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos debido a la aplicación de dilaciones indebidas.
Murcia. El pasado miércoles día 11 de septiembre se conoció la noticia de que la Audiencia Provincial de Murcia condenaba a trece personas por su participación en una red de prostitución de menores. Siete eran empresarios de la Región de Murcia que reconocieron haber pagado por mantener sexo con menores de edad.
Tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, las penas quedaron reducidas a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos debido a la aplicación de dilaciones indebidas. Este era uno de los juicios más esperados por el movimiento feminista de la región, un proceso que sentaba en el banquillo a siete empresarios y seis proxenetas de la región implicados en una red de prostitución de menores de edad.
Un juicio para el que las víctimas han tenido que esperar una década, hace 10 años que se conocieron los hechos y se produjeron las primeras detenciones. Para la responsable del Área Externa del PCRM, Lola Poveda “como viene siendo habitual, la justicia acudió con mucha mayor rapidez para actuar ante la llamada de quienes quieren perseguir la protesta social y atacar a las caras visibles del activismo sociopolítico de la Región Murcia. Pero, por el contrario, la urgencia no es la misma cuando hablamos de un entramado de proxenetismo y prostitución con niñas de entre 14 y 17 años en situación de vulnerabilidad y riesgo social y ejercido por empresarios influyentes”.
Los encargados de captar a las menores fueron capaces de crear y mantener durante años toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas que luego incluían en un catálogo, llegándose a encontrar más de 400 imágenes de chicas menores de edad. Todo esto bajo la promesa de dinero a cambio de ejercer como niñeras o cuidadores de personas mayores, introduciéndolas así en el negocio de la esclavitud sexual. Cuando el escándalo salto a los medios de comunicación en 2015 y la noticia recorrió como un huracán la Región de Murcia, el movimiento feminista salió a las calles para denunciar que una vez más a la sociedad capitalista y patriarcal oprime, explota y denigra a las mujeres.
En ese momento se detuvieron a 29 personas: cinco encargados de pisos y pensiones, cinco captadoras de chicas para la red, cuatro taxistas piratas y quince clientes. De todos los detenidos al inicio del proceso sólo han sido juzgados dieciséis de ellos. Entre las personas acusadas por participar de esta red de prostitución de menores se encuentran empresarios de Murcia, un promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, un guardia civil retirado, miembros de un bufete de abogados, entre otros.
La región de Murcia es conocedora de primera mano de como funciona la Justicia y de a qué intereses sirve. Desde el movimiento feminista se denuncia que no es la primera vez que se hacen públicas sentencias injustas, machistas y patriarcales como fueron la del capataz que violó a una jornalera y se libró de la cárcel a cambio de 6.000€ y un cursillo, o la del hombre que violó a su exnovia bajo sumisión química, lo admitió y no entró ni tan siquiera en prisión.
Pero la sorpresa y el escandalo llegó el pasado 11 de septiembre. Toda la región tuvo conocimiento de que los proxenetas y puteros salían con casi total impunidad de los juzgados de Murcia. La insultante dilatación de los tiempos judiciales ha servido para que los acusados reciban una atenuante por dilación indebida. Lejos de reconocer la gravedad de que el sistema judicial ha fallado estrepitosamente para juzgar a quienes abusan sexualmente de menores y defender a las víctimas, el juez de instrucción cerró la sesión del pasado día 11 de septiembre reconociendo haber “hecho un buen trabajo”. Para la responsable de Feminismos del PCRM, Beatriz Alonso “sin duda alguna este es un claro ejemplo de como la justicia clasista, patriarcal y fascista desprecia profundamente a las víctimas”.
Tras conocer las sentencia el movimiento feminista ha convocado movilizaciones concentrándose en las puertas del los juzgados para reivindicar justicia para las víctimas,“Si no hay justicia, habrá rebelión” era el grito que se escuchaba a las puertas de los juzgados .
Para Beatriz Alonso, “como feministas, como comunistas, no estamos dispuestas ni a seguir sufriendo los embistes de la justicia patriarcal ni a mirar para otro lado. Por eso alzamos nuestras voces para seguir movilizándonos contra un sistema que nos humilla, explota y viola”.
Por último, Lola Poveda ha declarado al respecto: “sentencias como esta causan pavor. Es tanto como dar un cheque en blanco para delinquir. Si las víctimas no pueden ser protegidas por las leyes, es que el sistema falla y si además esas víctimas son mujeres, es un agravio aún mayor ya que evidencia que para las mujeres sigue sin haber justicia”.
