El fondo estadounidense, vinculado a inversiones en asentamientos ilegales en Palestina y en infraestructuras tecnológicas de grandes corporaciones, se convierte en actor clave del circuito musical español al adquirir la promotora Primavera Capital Group
El fondo de inversión estadounidense KKR (Kohlberg Kravis Roberts), conocido por su implicación en proyectos inmobiliarios en territorios palestinos ocupados, ha adquirido el control de una parte significativa del panorama musical español. A través de su entrada en la promotora musical Primavera Capital Group, el fondo pasa a gestionar festivales como Sónar, Resurrection Fest, Viña Rock, Monegros Desert Festival o el Interestelar de Sevilla.
La operación forma parte de una estrategia más amplia de expansión global, que incluye inversiones en infraestructuras tecnológicas, centros de datos, inteligencia artificial y bienes raíces. Parte de esas inversiones se desarrollan en áreas bajo ocupación militar israelí, como los asentamientos ilegales en Cisjordania. Organizaciones de derechos humanos y plataformas como la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) han denunciado estas prácticas por contribuir a la consolidación de la ocupación y el desplazamiento forzado de población palestina.
En este contexto, la entrada de KKR en el sector musical ha generado inquietud entre quienes alertan sobre los vínculos entre la industria del entretenimiento y actores económicos con intereses en contextos de violación de derechos humanos. La adquisición de festivales masivos por parte de fondos globales no es nueva, pero el caso de KKR pone de relieve cómo el capital vinculado a la ocupación israelí puede insertarse en espacios culturales que atraen a un público amplio y diverso.
Aunque no se trata de festivales explícitamente politizados, algunos de los eventos adquiridos han estado tradicionalmente relacionados con discursos progresistas o con una sensibilidad hacia la diversidad cultural, la innovación o la conciencia ambiental. La nueva estructura de propiedad abre interrogantes sobre la coherencia entre el mensaje público de estos festivales y el origen del capital que los sostiene.
A estas contradicciones se suma un historial de críticas al modelo de los macroeventos musicales. En los últimos años, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado varias denuncias ante el Ministerio de Consumo por lo que considera prácticas abusivas en festivales del Estado español. Entre los motivos señalados figuran la prohibición de introducir comida o bebida del exterior, la falta de claridad en los términos de compra de entradas, las dificultades para obtener devoluciones y la falta de transparencia en el uso de pulseras electrónicas como sistema de pago.
El número exacto de festivales denunciados varía según la temporada, pero la tendencia es creciente. Algunos de los festivales actualmente bajo control de KKR han estado entre los señalados en estas denuncias. La OCU subraya que estas prácticas afectan especialmente a un público joven, que en muchos casos no dispone de herramientas legales claras para reclamar sus derechos como consumidor.
Además, distintos colectivos han llamado la atención sobre los efectos sociales y ambientales de este tipo de eventos. En municipios pequeños o zonas rurales, como Viveiro (sede del Resurrection Fest), la concentración de decenas de miles de personas en pocos días desborda los servicios locales, genera impactos sobre el entorno natural y altera la vida comunitaria. En entornos urbanos, como Barcelona, se ha criticado el papel de estos festivales en procesos de gentrificación, aumento del alquiler y turistificación.
La compra por parte de KKR refuerza un proceso de concentración empresarial en el sector cultural. El fondo, con sede en Nueva York, gestiona más de 500.000 millones de dólares en activos a nivel global. Sus inversiones abarcan sectores como defensa, seguridad digital, energía, vivienda o telecomunicaciones. En el caso de Palestina, KKR ha sido identificado como inversor en iniciativas de urbanización y tecnología en territorios ocupados por Israel, que organizaciones internacionales consideran ilegales según el derecho internacional.
Además de su presencia en asentamientos, KKR participa en el desarrollo de infraestructuras digitales —como centros de datos y redes de inteligencia artificial— destinadas a grandes plataformas tecnológicas. Esta vertiente conecta su estrategia con intereses corporativos de escala global que no están exentos de controversia.
Diversos colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos han comenzado a lanzar campañas informativas orientadas a visibilizar la implicación del fondo en contextos de ocupación y a cuestionar la legitimidad de su papel como actor cultural. Por ahora, no se han producido cancelaciones destacadas por parte de artistas, aunque algunas agrupaciones han iniciado debates internos sobre la pertinencia de su participación en estos eventos.
Desde los organizadores de los festivales implicados no se han emitido comunicados públicos en relación con el cambio de propiedad ni sobre si habrá cambios en su modelo de gestión. Tampoco han respondido a las críticas sobre el vínculo del nuevo inversor con proyectos en territorios en disputa.
La adquisición de una parte sustancial del circuito de festivales españoles por parte de KKR pone sobre la mesa cuestiones de fondo sobre el modelo cultural vigente: quién lo financia, con qué intereses y bajo qué condiciones se produce la cultura contemporánea. A medida que estos eventos consolidan su papel como plataformas de gran peso cultural y económico, el debate sobre su financiación y gobernanza se vuelve cada vez más relevante.
Fuente: Mundo Obrero
