La Comunidad de Madrid se opone a declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, mientras el Ejecutivo central defiende su competencia en la materia.
El Consejo de Ministros ha acordado este martes llevar ante el Tribunal Constitucional a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a instalar una placa en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol que recuerde su pasado franquista. Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con la advertencia hecha hace un mes tras la falta de acuerdo con el gobierno madrileño, que declinó la instancia de negociación propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El conflicto entre ambas administraciones se remonta a octubre de 2023, cuando el Gobierno central inició el proceso para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria. Dicha declaración, amparada por la Ley de Memoria Democrática, implicaría la colocación de una placa que mencione que el edificio albergó la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. No obstante, la Comunidad de Madrid ha rechazado reiteradamente esta medida, argumentando la necesidad de preservar «la neutralidad, el respeto a la historia y la imagen institucional» del inmueble, según ha señalado en diversas ocasiones su portavoz, Miguel Ángel García Martín.
A pesar de la firme oposición del ejecutivo autonómico, el Gobierno de coalición progresista mantiene su postura, respaldado por las asociaciones memorialistas y partidos como Izquierda Unida que llevan años reclamando esta medida. Sin embargo, el gobierno madrileño ha recurrido a diversos mecanismos legales para frenar la declaración. Como parte de su estrategia, la Asamblea de Madrid, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, aprobó a finales de 2023 una enmienda dentro de una ley ómnibus que establece que cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos requerirá «la previa autorización» del ejecutivo autonómico y prohíbe aquellas que «puedan perjudicar o generar confusión sobre la sede de la Presidencia».
Esta modificación legislativa es el punto que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres, ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional. Según el informe elaborado por el ministerio, la norma madrileña es «incompatible con la distribución constitucional de competencias», ya que las atribuciones estatales en materia de memoria no interfieren en las funciones institucionales autonómicas ni en el uso del edificio.
Mientras tanto, el Partido Popular de Madrid ha intensificado su oposición a la medida. En los últimos meses, ha promovido un vídeo con la participación de los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina, en el que justifican su rechazo a la placa. En el material audiovisual, se repasa la historia del edificio, aunque con omisiones significativas. El argumentario popular insiste en la «reconciliación nacional» de la Transición, menciona la violencia republicana durante la Guerra Civil y a ETA, y acusa a quienes defienden la instalación de la placa de promover el «guerracivilismo».
Las asociaciones memorialistas, por su parte, defienden que la Real Casa de Correos debe contar con un recordatorio de su pasado como sede de la Dirección General de Seguridad, donde se practicaron torturas y detenciones arbitrarias a opositores al régimen franquista. Recuerdan que ya existen otras placas en el edificio, como las dedicadas al levantamiento del 2 de mayo de 1808, a las víctimas del 11M y a los fallecidos por la pandemia de Covid-19, por lo que consideran que se trata de una resistencia ideológica por parte del gobierno madrileño.
Con la controversia lejos de resolverse, el Tribunal Constitucional será el encargado de determinar si la normativa impulsada por Ayuso es válida o si prevalece la competencia estatal en materia de memoria histórica.
Fuente: Mundo Obrero
