Estamos en un momento crítico en Colombia. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) busca desestabilizar y restarle legitimidad al gobierno. El 8 de octubre el CNE atentó contra el orden constitucional al abrir una investigación contra la campaña presidencial de 2022 y contra el presidente Gustavo Petro, acusando falsamente de violar los topes de financiación electoral.
Esta medida pretende afectar el mandato de Petro y fracturar la confianza en el proceso de cambio que lidera el gobierno. A pesar de los ataques mediáticos, la aceptación popular ha crecido según las encuestas recientes. Evidentemente estamos frente a un golpe blando con serias implicaciones jurídicas y políticas.
La decisión de la derecha es pasar a la ofensiva, expresado principalmente en los ataques mediáticos a través de las campañas de desprestigio, que buscan instituir en el imaginario la idea de un gobierno fracasado; la persecución al movimiento popular, especialmente al sindical, como el allanamiento del que fue víctima FECODE, además de la persecución punitiva que busca judicializar, estigmatizar y perseguir, a uno de los sindicatos más fuertes del país, el cual ha estado comprometido en la defensa de las reformas sociales y el proceso de cambio.
La ofensiva jurídica, que en este caso, la encabeza el CNE y el Consejo de Estado, que buscan llevar al Congreso de la República una acusación por “indignidad”, que debe ser aprobada en cámara y después llevada al Senado —donde la derecha tienen la mayoría de los senadores— intentará buscar la destitución de Gustavo Petro e imponer un presidente de bolsillo, ligado a sus intereses, posiblemente el actual presidente del Congreso.
Están persiguiendo a los sindicatos y a Colombia Humana y la Unión Patriótica mediante sanciones que podrían impedirles participar en las próximas elecciones
Acusar a Petro por un supuesto “crimen de responsabilidad” es una maniobra política que vulnera su fuero constitucional y los derechos del constituyente primario: el pueblo que eligió su mandato. Estamos ante una amenaza de golpe de Estado que requiere nuestra atención inmediata. La ofensiva también busca debilitar a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica mediante sanciones que podrían llevar a la pérdida de sus personerías jurídicas, afectando su participación para la contienda electoral del 2026.
Garantizar que el proceso de cambio continúe
En dos años de gobierno, la administración de Gustavo Petro ha impulsado cambios importantes pese a la oposición de sectores conservadores. Entre sus principales logros, destacan avances en la reducción de la pobreza: 1,6 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y 338.000 de la pobreza multidimensional. La reforma pensional aprobada beneficia a dos millones de adultos mayores y su política ambiental ha reducido la deforestación, mejorando la vida rural.
Asimismo, Petro ha impulsado una visión de soberanía energética para Colombia, buscando diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de un solo recurso natural, como el petróleo. Estos avances marcan un giro radical en la política energética del país, que históricamente ha dependido de la extracción y exportación de petróleo como fuente principal de ingresos.
Petro ha impulsado la “Paz Total” como proyecto de reconciliación, avanzando en diálogos con el ELN y promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos. Además, ha priorizado la transición energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y una reforma agraria para apoyar la agricultura campesina. La administración también ha abogado por una política exterior de paz y cooperación regional. Estos esfuerzos reflejan su compromiso con un desarrollo inclusivo y sostenible para los colombianos más vulnerables.
El presidente ha impulsado una postura más crítica hacia la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, abogando por un enfoque de salud pública y derechos humanos, ligado a una política exterior de paz y cooperación con los países vecinos, buscando una mayor integración regional, como se evidenció en su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El momento exige actuar con firmeza y determinación para garantizar que el proceso de cambio continúe
Tiempo de Movimiento popular y unidad
Frente a este momento es fundamental: Fortalecer el apoyo popular al gobierno y a las reformas sociales, consolidar la unidad en el Pacto Histórico para enfrentar la arremetida de la derecha y potenciar las Coordinadoras Populares por el Cambio en todos los territorios, articulando al movimiento popular con el proceso de transformación.
Es necesario recuperar las iniciativas de acciones y de los repertorios de la movilización callejera, proyectando la jornada nacional del 23 de octubre como un acto masivo en respaldo al gobierno y en defensa de la democracia frente al intento de golpe. La defensa del gobierno implica construir agendas de movilización local y nacional que fortalezcan la organización popular, sumando más conciencias a favor de una Colombia más justa. El momento exige actuar con firmeza y determinación para garantizar que el proceso de cambio continúe.
Claudia Flórez Sepúlveda. Secretaria General Partido Comunista Colombiano
