¿Quién decide qué empresa hace las obras públicas en tu barrio? ¿Cómo se reparten los contratos, qué papel juegan los concursos y qué pasa cuando no se cumplen los plazos? En este artículo lo explicamos con datos reales, y con ejemplos de Albacete desde una mirada crítica.
¿Qué es un concurso público? Y ¿cómo se manipula?
Un concurso público es el procedimiento mediante el cual varias empresas compiten por un contrato público: se publican pliegos con criterios —precio, calidad, mejoras técnicas—, se presentan ofertas y se elige la que obtiene la mayor puntuación.
Pero en muchos casos los pliegos están amañados desde el principio. Se ponderan arbitrariamente los criterios: por ejemplo, se otorgan 40 % de los puntos al precio, pero el 60 % restante a «mejoras técnicas», «experiencia local» o «igualdad», criterios difíciles de comprobar y que benefician a empresas concretas. También es habitual exigir experiencia previa en la zona, lo que limita la participación a quienes ya han trabajado allí, cerrando la puerta a nuevas empresas.
El resultado es que, aunque parezca un concurso limpio, la decisión ya está tomada antes de que empiece el proceso.
El truco de los 40.000 euros: cómo dar obras a dedo sin que nadie lo note
La ley permite adjudicar obras directamente si cuestan menos de 40.000 euros (sin IVA), lo que se llama contrato menor. No se necesita publicar concurso ni permitir la competencia. La administración simplemente elige a la empresa.
El truco es evidente: si una obra cuesta 120.000 euros, se puede dividir en tres contratos menores de 40.000 euros cada uno (albañilería, fontanería, jardinería, por ejemplo) y así adjudicarla sin concurso. Esta práctica, aunque ilegal si se usa para esquivar la ley, es común y muy difícil de detectar.
Ejemplos reales en Albacete
1. Barrio Carretas–Huerta de Marzo (Albacete capital)
Obras con retrasos de meses y apenas penalizaciones. Se otorgaron puntos poco claros que favorecieron a la empresa adjudicataria. Las vecinas aguantaron meses de ruido, aceras rotas y vallas sin que nadie diera explicaciones.
2. Nava de Campaña (Hellín)
Se iba a ejecutar una obra innecesaria mediante un contrato menor, sin preguntar a los vecinos ni justificar su urgencia. La movilización popular logró detenerla. Fue un ejemplo claro de cómo la organización vecinal puede frenar decisiones impuestas desde arriba.
3. Pétrola
La alcaldesa Enriqueta Hoyos Cantos (PP) ha sido señalada por prácticas opacas en la gestión de contratos menores. Según publicaciones oficiales, se adjudicaron repetidamente obras por importes justo por debajo del límite legal de 40.000 euros, sin concurso, y a empresas cercanas al entorno municipal. También se denunciaron pagos de dietas sin justificar y contrataciones a dedo de personal para tareas municipales, todo dentro del margen «legal» pero lejos de cualquier principio de transparencia.
4. Diputación de Albacete: el caso Cabañero
Santiago Cabañero (PSOE), presidente de la Diputación, fue juzgado por prevaricación administrativa por el nombramiento irregular del jefe del SEPEI en 2015. La Fiscalía pidió 11 años de inhabilitación, alegando que se saltó el procedimiento legal, ignorando advertencias técnicas y sindicales. Aunque fue finalmente absuelto por no probarse dolo, el caso evidenció el uso discrecional del poder político para colocar cargos afines sin respetar los procedimientos establecidos. Mientras tanto, las adjudicaciones de obras a empresas cercanas a la diputación continuaban sin apenas fiscalización.
Datos reales de contratos menores (2022–2024)
| Año | Contratos menores | Importe total estimado | Porcentaje adjudicados sin concurso |
| 2022 | 6.840 | 54 millones € | 89 % |
| 2023 | 7.240 | 59 millones € | 91 % |
| 2024 | 7.500 (estimado) | 62 millones € (estimado) | 90 % |
Fuente: Portal de Transparencia, BOP y estimaciones de medios locales.
El 90 % de los contratos menores se otorgan sin concurso, y buena parte se repiten cada año con las mismas empresas.
Lo público al servicio de unos pocos
Estos datos y ejemplos no son casos aislados ni errores puntuales. Son el reflejo de un sistema diseñado para beneficiar a empresas afines, devolver favores políticos y conservar redes clientelares. Mientras tanto, la participación ciudadana, el acceso igualitario a lo público y la planificación basada en las necesidades reales quedan al margen.
En los pueblos pequeños, esta práctica adquiere otra dimensión aún más preocupante: los contratos menores no solo se usan para adjudicar obras sin control, sino también como moneda de cambio electoral. Muchos alcaldes reparten encargos entre vecinos afines, familiares o votantes fieles, consolidando así su poder político a través de obras públicas. Se convierte en una forma velada de comprar votos con dinero público: «le doy la obra a los que son de los míos».
Desde una perspectiva lógica, esto no se arregla solo con «más controles» o «transparencia» en abstracto. Hace falta transformar las reglas del juego: democratizar la contratación pública, fomentar cooperativas y empresas locales, prohibir el fraccionamiento abusivo, y garantizar que los recursos se usen para cubrir las necesidades del pueblo, no para enriquecer a los de siempre.
Si no se garantiza el control popular, si no se permite que las vecinas participen en las decisiones sobre sus propios barrios, si no se auditan los contratos y se eliminan los privilegios, las obras públicas seguirán siendo, en demasiados casos, un negocio privado con dinero de todas.
