El PCE en la provincia de Cuenca viene denunciando desde estos últimos años la imposibilidad para la clase trabajadora de acceder a una vivienda digna, cómo el precio de la vivienda, las cuotas hipotecarias y los alquileres se han disparado, una burbuja hipotecaria y de alquiler acrecentada tras el anuncio de la instalación del centro de estudios penitenciarios en la localidad, con incrementos de un 55,6% en el alquiler y de un 3,3% en el índice de precios al consumo entre desde abril de 2023 hasta el momento.
Las viviendas dedicadas a usos turísticos también han sufrido un incremento de 69,3% en los últimos cuatro años, de modo que de cada seis viviendas en alquiler, solo una es para alquiler convencional. “La mayoría de estas viviendas pertenecen a grandes entidades o asociaciones que gestionan viviendas turísticas, lo que significa que los beneficios no permanecen en la localidad”, han declarado en la rueda de prensa de presentación de la campaña.
Desde el Núcleo del PCE de Cuenca señalan que el Ayuntamiento de Cuenca con competencias en materia de vivienda, no ha desarrollado una política definida, limitándose a fomentar la promoción privada y el desarrollo urbanístico descontrolado. Tampoco la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), que se niega a declarar Cuenca como una ciudad tensionada, a pesar de que la situación empeora cada mes.
Para el PCE de Cuenca la vivienda es un derecho y no un negocio, por lo que solicitan mecanismos de apoyo ante esta situación, tales como:
- Límites al libre mercado: Poner coto a la especulación constituyendo el Patrimonio Municipal del Suelo y fomentando políticas de rehabilitación de viviendas ya construidas.
- Regulación del precio de la vivienda: Implementar medidas que impidan a los bancos incrementar los intereses hipotecarios y controlar los precios tanto de compra como de alquiler.
- Recuperación de viviendas en manos de entidades financieras: Ampliar el parque público y social de viviendas en alquiler, sancionar la tenencia de viviendas vacías con un incremento del IBI del 150% por vivienda vacía sin justificación. Es necesario recuperar la función social de la vivienda, hoy secuestrada por bancos, fondos buitre y grandes propietarios, que se han beneficiado durante décadas de una política fiscal favorable y del rescate bancario. Garantizar un parque de vivienda de alquiler público y social es esencial.
- Mecanismos de apoyo a las personas deudoras en situación de vulnerabilidad: Establecer medidas para evitar desahucios.
Fuente: PCE Cuenca
