El ala socialista del Gobierno ha decidido ceder a las exigencias de las aseguradoras privadas que operan el modelo Muface, anunciando una nueva licitación para los años 2025, 2026 y 2027. El acuerdo supone un incremento del 33,5% en las primas, con un desembolso público total de 4.478 millones de euros, es decir, 957 millones más que en el concierto actual. Esta decisión, presentada por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, busca evitar el colapso de un sistema que beneficia, sobre todo, a las grandes aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa y DKV.
La reforma propuesta por Óscar López, Ministro de Función Pública, llega después de que las aseguradoras se negaran a renovar el concierto en noviembre, al considerar «insuficiente» la subida inicial del 17,11% propuesta por el Ejecutivo. Ahora, el Gobierno ha redoblado su oferta y plantea subidas anuales del 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. La prima media anual por mutualista pasará de los actuales 1.032 euros a 1.262 euros en 2027.
Este nuevo esfuerzo presupuestario refuerza un modelo que, a todas luces, prioriza la financiación de la sanidad privada en lugar de apostar por un sistema público fuerte y universal. Mientras la Atención Primaria pública acumula recortes, largas esperas y falta de personal, se opta por destinar casi 1.500 millones de euros anuales a empresas privadas.
En declaraciones recientes, Javier Padilla (Más Madrid), Secretario de Estado de Sanidad, ha cuestionado la viabilidad del actual sistema de mutualidades, calificándolo como un modelo que «no es sostenible» y que en muchos casos «traslada los costes más elevados y complejos al sistema público de salud», mientras que las aseguradoras privadas se benefician de la parte más rentable.
Padilla señaló que la creación de Muface en 1975 respondía a un contexto muy diferente al actual, cuando no existía un Sistema Nacional de Salud (SNS) como tal. «Hoy, los empleados públicos, que trabajan para lo público y sustentan los servicios públicos, deberían ser atendidos en el sistema público de salud. Es lo lógico y razonable», afirmó. Además, destacó que el 70% de los nuevos funcionarios ya eligen la sanidad pública, lo que evidencia una tendencia creciente hacia la integración en el SNS.
El concierto de Muface cubre actualmente a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios, de los cuales el 65% son docentes y un 17% funcionarios de la Administración General del Estado. Sin embargo, la financiación de este modelo no solo favorece a las aseguradoras, sino que también supone una sangría de recursos para un Sistema Nacional de Salud (SNS) que continúa colapsado por la falta de inversión pública.
La elección del PSOE de dar más dinero a aseguradoras que priorizan el beneficio económico frente al servicio pone en evidencia una paradoja preocupante: mientras la sanidad pública sufre un déficit estructural, se blinda la sanidad privada con dinero público. Las cifras son contundentes: casi 4.500 millones irán a parar a tres aseguradoras privadas para garantizar un modelo que deja sin recursos a hospitales públicos y centros de salud. El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también ha lamentado la decisión del Partido socialista, calificándola como una «cesión al lobby de la sanidad privada».
La licitación aprobada introduce cambios como una prima incremental en función de la edad de los mutualistas. Aunque el Gobierno presenta esto como una «mejora técnica», la realidad es que responde a las exigencias de aseguradoras como Asisa y DKV, que habían presionado para ajustar la financiación a la mayor demanda sanitaria de colectivos más mayores.
Asisa, por su parte, ha valorado el “esfuerzo” del Ejecutivo, aunque ha dejado claro que todavía analizará las condiciones antes de confirmar su participación. El mensaje es claro: el futuro de la sanidad de 1,5 millones de personas depende de los intereses y cálculos de rentabilidad de tres grandes empresas privadas.
La sanidad pública atraviesa una crisis sin precedentes. A pesar de las promesas electorales de fortalecerla, el ala socialista del Gobierno ha preferido rescatar un modelo privado que sigue sin garantizar los derechos de los mutualistas. Mientras tanto, los profesionales sanitarios continúan denunciando la falta de inversión en los hospitales públicos, donde los tiempos de espera y la sobrecarga son la norma.
Este concierto supone una victoria para las aseguradoras y una derrota para quienes defienden una sanidad pública, gratuita y de calidad. Porque, aunque el Gobierno haya querido calmar los ánimos, lo cierto es que esta nueva licitación consolida el debilitamiento del Sistema Nacional de Salud en favor de una sanidad privada sostenida con fondos públicos.
Fuente: Mundo Obrero
