Los dirigentes del Partido Popular siguen su deriva hacia la derecha más extrema, en nuestros oídos resuenan los recientes acuerdos de la llamada “Declaración de Murcia”, que aborda compromisos y retos en temas como la inmigración, la agricultura o el agua.
Feijoo y sus cuadros regionales siguen empeñados en poner en el centro del debate político todo lo relacionado con los inmigrantes, propiciando una creciente tensión social, alimentando los discursos de odio y xenofobia.
Es bueno recordar algunos datos. La población inmigrante en España supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 personas anuales desde el fin de la pandemia. La población inmigrante representa el 23% de la población ocupada en España. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes. El nivel educativo medio de la inmigración que recibe España es bajo y se emplea en un tipo de puestos de trabajo que requiere poca cualificación. Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es desempeñado por personal extranjero.
Mientras algunos medios y discursos políticos describen la migración como una amenaza o una “avalancha”, los datos muestran lo contrario: España no vive una invasión, sino una relación de interdependencia funcional con los países del Sur Global. En otras palabras, lo que se presenta como un problema es, en realidad, una necesidad estructural. El país necesita población migrante para sostener su pirámide demográfica, su economía y su sistema de bienestar. Esta relación de interdependencia –aunque desigual– permite mantener en funcionamiento sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o la hostelería. Negar esta realidad por motivos ideológicos no cambia los hechos: solo impide gestionarla de forma realista, con planificación y justicia. Seguir anclados en el miedo y la mentira emotiva no solo perjudica a las personas migrantes, sino que priva al país de una herramienta imprescindible para su sostenibilidad.
La migración ha sido y sigue siendo un motor fundamental del crecimiento económico y social de España, y Castilla-La Mancha no es una excepción. Según los datos del INE, en Castilla-La Mancha, a 1 de enero de 2025, residen un total de 2.120.261 personas. De ellas, 1,8 millones son de nacionalidad española, mientras que las 252.227 restantes son de nacionalidad extranjera.
Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha defendido en Murcia la necesidad de que en España se fomente «una inmigración ordenada, legal y culturalmente integradora». Es uno de los artífices de promover la implantación del “visado/carnet por puntos” para las personas que vienen de fuera a nuestro país, queriendo aplicar un filtro cultural difícil de cuantificar basado en la “capacidad de integración”. El PP, en todos sus ámbitos, se ha embarrado en una lucha con el partido de Abascal por abanderar el freno a la inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a los votantes del partido de extrema derecha.
En los últimos años, hemos observado cómo la figura del inmigrante se ha desdibujado en el debate público, muchas veces reducida a una narrativa de exclusión y precariedad. Es el momento de que la inmigración sea reconocida y protegida como lo que realmente es: una fuerza indispensable para el progreso de nuestra sociedad. No olvidemos lo que el Banco Central Europeo ha señalado: el 80 % del crecimiento del PIB español en los últimos cinco años se debe, directa o indirectamente, a la migración.
La participación plena de los inmigrantes en la vida económica, social y política de nuestros pueblos y ciudades constituye un elemento de primer orden para la consecución de los objetivos de convivencia.
Por cierto, ¿para cuándo un carnet por puntos para nuestros políticos, para el ejercicio de su actividad? ¿Se imaginan los puntos perdidos por Díaz Ayuso con los 7291 ancianos muertos en las residencias de su comunidad por falta de atención médica? ¿Y cuántos puntos le quitaríamos a Mazón por su tremenda irresponsabilidad en todo lo acaecido en la dana de Valencia? ¿Cuántos puntos perdería Paco Núñez por traicionar a Castilla-La Mancha en el tema del agua del trasvase Tajo-Segura? ¿Les quedaría algún punto en el carnet a Rueda y Mañueco por su funesta descoordinación y gestión de los incendios del pasado verano en Galicia y Castilla-León?
Fuente: Colectivo Puente Madera
