La salida de Rocío Hernández y las contradicciones del presidente Moreno Bonilla abren la mayor tormenta política del Gobierno andaluz en plena precampaña electoral.
El Gobierno andaluz afronta su momento más delicado desde que el Partido Popular llegó a San Telmo. La consejera de Salud, Rocío Hernández, presentó este jueves su dimisión horas antes de la sesión de control en el Parlamento, tras verse superada por el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer de mama que ha afectado a más de 2.000 mujeres en la comunidad.
Mientras tanto, en las calles de Sevilla, miles de personas se concentraban ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) gritando “¡Moreno, dimisión!”, en una de las mayores protestas ciudadanas contra el Ejecutivo autonómico en los últimos años.
Moreno niega la externalización… pese a los contratos firmados
Durante su intervención parlamentaria, el presidente Juan Manuel Moreno respondió airadamente a las acusaciones de la oposición, que le reprocha haber impulsado un modelo sanitario cada vez más privatizado. “Estoy cansado de tanta mentira. No hemos derivado ni una sola mamografía a la sanidad privada. Cero. Cero, cero, cero”, afirmó con contundencia.
Sin embargo, los registros oficiales de la Consejería de Salud demuestran lo contrario. En 2021, la Junta adjudicó a la empresa Centro Diagnóstico Granada S.A. un contrato para la realización de 311.000 mamografías durante cuatro años por un importe de 5,4 millones de euros, prorrogable hasta 2026 con un aumento adicional de 1,7 millones.
El documento contractual establece que la adjudicataria se encarga de realizar las pruebas en unidades móviles homologadas y de enviar las imágenes al SAS para su evaluación por radiólogos del sistema público. La propia memoria del contrato justifica esta externalización alegando la “falta de medios propios suficientes” en los centros del SAS para cubrir la demanda del programa de detección precoz.
El origen del fallo, aún sin aclarar
La Junta sostiene que la crisis sanitaria se debe a un “error técnico” en el protocolo de cribado, aunque una semana después de estallar el escándalo sigue sin esclarecer su origen. Los sindicatos médicos y las asociaciones de afectadas apuntan a la escasez de radiólogos y la falta de recursos materiales como causas principales del retraso en la comunicación de resultados.
Según fuentes sanitarias, más de 2.000 mujeres recibieron con meses o incluso años de retraso la notificación de que sus resultados eran “dudosos”, lo que implicaba una posibilidad de padecer un tumor maligno.
Un contrato ampliado y zonas de difícil justificación
El contrato con el Centro Diagnóstico Granada se amplió en 2023 en 910.000 euros adicionales, alcanzando un valor total superior a los 8 millones de euros. La ampliación, según la Junta, se justificó por la promesa electoral de extender la edad de cribado y por la inclusión de nuevas áreas sanitarias, entre ellas Sevilla capital, la Costa del Sol o el Campo de Gibraltar, donde existen hospitales públicos plenamente operativos.
Aunque la Consejería defiende que la sanidad pública sigue realizando la mayoría de las mamografías, los datos muestran que alrededor del 20% de las pruebas se llevan a cabo en centros o unidades privadas.
Del Covid al Parlamento
El origen de este contrato se remonta a 2020, en plena pandemia, y fue formalizado en 2022, cuando el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, dirigía la Consejería de Salud. Aquella etapa estuvo marcada por la flexibilización de las normas de contratación sanitaria, lo que permitió agilizar acuerdos con clínicas privadas.
A pesar de que este expediente concreto se tramitó por vía ordinaria, su ejecución coincidió con una política de creciente externalización de servicios, un asunto que —según la oposición— el Gobierno andaluz ha tratado de ocultar sistemáticamente.
Protestas y crisis política abierta
La dimisión de Rocío Hernández, sumada a las manifestaciones masivas del jueves, ha convertido el escándalo en una crisis política de primer orden. El propio Moreno, que hace apenas dos semanas aseguró en sede parlamentaria que “en Andalucía no hay lista de espera para el cáncer”, se encuentra ahora en el centro de todas las miradas.
El Ejecutivo insiste en que el programa de cribado sigue funcionando con normalidad y que la mayoría de las pruebas se realizan en la sanidad pública. Pero la evidencia documental, el malestar de los profesionales y la indignación de las afectadas apuntan en otra dirección.
A falta de explicaciones convincentes y con la confianza ciudadana en entredicho, el caso de los cribados de cáncer se ha convertido en el mayor desafío político y sanitario del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla desde que asumió el poder en 2019.
Fuente: Mundo Obrero
