La magistrada aprecia indicios de «grosera negligencia» en la coordinación de la emergencia que dejó 230 fallecidos.
La jueza instructora que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha dado el primer paso para solicitar la imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) al apreciar indicios de un presunto delito de homicidio imprudente con notoria gravedad, castigado con penas de uno a cuatro años de prisión.
El traslado al alto tribunal autonómico es un trámite necesario, ya que Mazón es aforado por su condición de diputado en Les Corts. Será ahora el TSJ-CV quien decida si asume la competencia para investigarlo formalmente.
En su resolución, la instructora sostiene que podría concurrir una negligencia “grave” por la permanencia y falta de actuación del entonces president ante una emergencia de máxima magnitud. El escrito sitúa el foco en el “nivel supremo de capacidad de decisión” dentro de la administración autonómica y apunta a una posible “omisión equivalente al resultado” por no haberse adoptado medidas de alerta “precisas, concretas y a tiempo”.
La jueza considera que la coordinación en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y en la conselleria competente no respondió con la diligencia exigible. En esa línea, también figura como investigada la entonces titular del área, Salomé Pradas.
Uno de los elementos centrales del relato judicial es la permanencia de Mazón en un reservado del restaurante El Ventorro durante varias horas mientras se agravaba la situación. Según la magistrada, durante ese periodo no se adoptaron decisiones eficaces para reforzar la respuesta institucional, pese a la evolución de los acontecimientos. La prolongación del encuentro se califica de injustificada a la luz de la gravedad de la emergencia.
La exposición razonada subraya que el president tenía capacidad normativa para impartir órdenes, coordinar a los distintos departamentos y asumir la dirección efectiva de la respuesta. La ausencia de avisos adecuados a la población aparece como un factor común en numerosos fallecimientos, de acuerdo con la reconstrucción temporal y los testimonios recabados. La DANA dejó 230 víctimas mortales, además de decenas de heridos.
Durante la instrucción, la jueza ha ofrecido en distintas ocasiones a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado, opción que rechazó. También se han practicado diligencias para reconstruir sus movimientos aquella tarde, así como las comunicaciones realizadas antes de su llegada al Palau de la Generalitat y al Cecopi.
La Sala de lo Penal del TSJ-CV deberá pronunciarse ahora sobre la eventual imputación del aforado y sobre la continuación de la causa en esa instancia.
Fuente: Mundo Obrero
