Que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, haya anunciado que recurrirá al Constitucional el reparto de menores no acompañados acordado por el Gobierno de la nación, lo mismo que han hecho las comunidades gobernadas por el PP, tal vez no debería sorprender dado el historial de confrontación y declaraciones enfrentadas del presidente regional con el ejecutivo estatal.
Aun así, no puede dejarnos indiferentes que un “socialdemócrata” calque las posturas de la derecha y la extrema derecha. Sus argumentos para el rechazo son los mismos que los de las comunidades ya mencionadas: falta de diálogo y de financiación por parte del Estado. Invocar que no existen los recursos necesarios en la región para la debida atención de estos y estas menores, no se sostiene; en este sentido, es evidente que si existe voluntad política se encuentran los medios necesarios, pero quizá la cuestión de fondo sea que a García Page la protección de los/as menores no le importa lo más mínimo. Es una forma más de deshumanizar el drama de la inmigración.
En la actualidad en Castilla-La Mancha se atiende a 176 menores migrantes no acompañados y el decreto de asignación a cada comunidad adjudica a la castellano-manchega medio millar. Llama la atención leer el siguiente titular de un periódico en 2022: “Page ofrece 600 plazas para alojamiento de refugiados ucranianos a partir de la próxima semana”. Como podemos ver, las cifras son muy parecidas en uno y otro caso, pero la actitud de García Page, totalmente opuesta. ¿Será que ya no queda en él ni rastro de humanidad hacia los menores migrantes o tal vez que la procedencia, el color de la piel y la religión que profesan estas personas son para este “socialista” determinantes? En cualquier caso, es vergonzosa la actitud de nuestro gobierno regional en este asunto (y en muchos más).
