Nicolas Sarkozy ha hecho historia este martes en Francia, aunque no por razones que quisiera recordar. Condenado a cinco años de prisión —dos de ellos firmes— por el caso de financiación libia de su campaña presidencial de 2007, el expresidente francés se ha convertido en el primer jefe de Estado del país bajo la V República (desde 1958) en ingresar en prisión.
Acompañado por cámaras y agentes, Sarkozy recorrió a primera hora de la mañana las calles de París hasta la prisión de la Santé, donde cumplirá su condena en régimen de aislamiento. “¡Bienvenido Sarkozy!”, gritaron algunos internos al verle llegar, según la agencia AFP.
El tribunal que dictó la sentencia el pasado 25 de septiembre consideró probado que existió un “pacto de corrupción” entre el entorno del exmandatario y el régimen del entonces dictador libio Muamar el Gadafi. Los magistrados concluyeron que el régimen libio aportó grandes sumas de dinero a la campaña de Sarkozy a cambio de posibles favores económicos y políticos.
Aunque su defensa ha recurrido la sentencia, la Justicia ordenó la ejecución inmediata de la pena debido a la “gravedad excepcional de los hechos […] cometidos por un responsable político que aspiraba al cargo más alto de la República”. La apelación será revisada en los próximos meses.
Condiciones especiales de reclusión
Por motivos de seguridad, la administración penitenciaria francesa ha optado por mantener a Sarkozy en aislamiento. Tendrá una celda individual de unos 10 metros cuadrados, equipada con cama, escritorio, ducha, televisión y teléfono con números preautorizados. Podrá acceder a un gimnasio y una biblioteca, además de un pequeño patio vigilado.
Las condiciones contrastan con las del resto de internos: la cárcel de la Santé sufre una ocupación del 190 % y numerosos presos duermen en colchones en el suelo. Francia acumula, de hecho, varias condenas internacionales por el hacinamiento en sus prisiones.
Una campaña contra la Justicia
Sarkozy ha mantenido desde el veredicto una dura ofensiva mediática contra los jueces, denunciando un “complot político” y calificando su condena de “escándalo judicial”. Minutos antes de ingresar en prisión, publicó un comunicado en el que aseguraba “sentir una profunda pena por Francia, humillada por una venganza”.
Su cruzada ha contado con el respaldo mediático del magnate Vincent Bolloré, propietario del canal ultraconservador CNEWS, donde varios tertulianos han denunciado la existencia de una supuesta “República de los jueces”. Mientras tanto, su hijo Louis Sarkozy convocó una concentración en Menton en apoyo a su padre.
Otros frentes judiciales abiertos
El expresidente no solo enfrenta la condena por el caso libio. En 2021 fue sentenciado a tres años de cárcel por corrupción en el conocido “caso de las escuchas”, pena que cumplió parcialmente con pulsera electrónica. Además, el próximo 26 de octubre se conocerá el fallo definitivo del caso Bygmalion, relacionado con la financiación ilegal de su campaña de 2012.
Sarkozy también está implicado en otras investigaciones, como la presunta corrupción en la adjudicación del Mundial de fútbol de 2022 a Catar.
Reacciones políticas contenidas
Mientras los medios afines a Bolloré cierran filas en torno al expresidente, los principales dirigentes de Los Republicanos han optado por la prudencia, limitándose a expresar “solidaridad personal” y “amistad en los momentos difíciles”.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, excolaborador de Sarkozy y hoy en el Gobierno de Emmanuel Macron, evitó pronunciarse sobre la sentencia, aunque anunció su intención de “visitarlo en prisión” para comprobar sus condiciones de seguridad.
Por su parte, Macron reconoció haber recibido recientemente a Sarkozy en el Elíseo. “Es normal que, en un plano humano, haya recibido a uno de mis predecesores en este contexto”, justificó el actual presidente.
Con su ingreso en la Santé, Nicolas Sarkozy, símbolo de una época de poder e influencia, se convierte ahora en un recordatorio de cómo la corrupción puede derribar incluso a quienes ocuparon el más alto cargo de la República Francesa.
Fuente: Mundo Obrero
