El fallo judicial contra el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá reaviva el debate sobre la memoria histórica y la censura en la investigación académica en España.
El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Cádiz ha condenado al profesor Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante/Universitat d’Alacant, a pagar 10.000 euros y a rectificar sus trabajos académicos por haber citado en ellos el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, alférez que participó en el proceso judicial que llevó a la condena a muerte del poeta Miguel Hernández en 1940.
La sentencia considera que la inclusión del nombre de Baena Tocón en los estudios académicos de Ríos Carratalá constituye una intromisión ilegítima en el honor del exmilitar, al aparecer vinculado a la maquinaria represiva franquista. La decisión judicial se enmarca en un proceso que se inició en 2019, cuando el hijo de Baena Tocón solicitó la retirada de los artículos del repositorio digital de la Universidad de Alicante, alegando el derecho al olvido digital. En un primer momento, la institución retiró los artículos, pero posteriormente los restituyó, al considerar que el derecho a la información prevalecía sobre el derecho al olvido.
La batalla judicial continuó con demandas contra la Agencia Española de Protección de Datos y contra Google, con la intención de que el nombre del alférez fuera eliminado de los buscadores. Sin embargo, estas acciones fueron desestimadas. Finalmente, la justicia ha fallado contra el profesor Ríos Carratalá, lo que ha generado una oleada de reacciones en el ámbito académico y político.
Desde el núcleo universitario del Partido Comunista de España (PCE) se ha calificado la sentencia como «inadmisible» y un «atentado contra la libertad de expresión y la independencia académica». En un comunicado, han advertido del peligroso precedente que esta decisión puede sentar para la investigación histórica, en especial sobre la represión franquista. “Este fallo podría llevar a la autocensura de futuros investigadores, que evitarán citar nombres de represores por temor a represalias legales”, han manifestado.
El PCE-Universidad ha hecho un llamamiento a las facultades de Filosofía y Letras y a los departamentos de Filología Española de todo el país para que se pronuncien contra esta resolución judicial. Asimismo, han solicitado a la Universidad de Alicante que brinde apoyo institucional y jurídico a Ríos Carratalá para que no tenga que afrontar en solitario los costes derivados de su defensa.
La revista Nuestra Historia ha hablado del uso viciado del derecho al olvido en su dossier especial redactado por Henar Alonso, Manuel Bueno y Sergio Gálvez, el cual puede verse aquí.
Este episodio pone nuevamente en el centro del debate la tensión entre el derecho al olvido digital y la investigación histórica, así como la persistente controversia sobre la memoria del franquismo en España. Mientras sectores académicos y políticos alertan de un posible retroceso en la libertad de investigación, el caso de Juan Antonio Ríos Carratalá sigue generando reacciones y podría marcar un antes y un después en los estudios sobre la represión franquista.
Fuente: Mundo Obrero
