En medio de una creciente presión ambiental y social, la Junta de Castilla-La Mancha ha presentado su Plan Regional de Biometanización 2024–2030, una ambiciosa estrategia energética que plantea la instalación de entre 113 y 280 plantas de biogás en toda la región. Pero detrás de este barniz verde se esconde una alianza estratégica con el modelo de ganadería industrial: macrogranjas, purines y residuos altamente contaminantes que ahora se reetiquetan como “energía renovable”.
Un plan hecho a medida del sector ganadero-industrial
Según datos recogidos en el borrador del plan y en medios como El Diario o Cadena SER, el objetivo es utilizar hasta 15,7 millones de toneladas anuales de residuos orgánicos —principalmente ganaderos— para producir 8,1 TWh de biometano, lo que supondría abastecer el equivalente energético de más de un millón de hogares al año. La Junta ya ha adelantado que buena parte de esas plantas estarán conectadas a las grandes explotaciones porcinas, y que se ubicará al menos una por comarca. Solo en Cuenca se prevén más de 60 plantas.
Este despliegue viene acompañado por otra medida polémica: el levantamiento de la moratoria a las macrogranjas en enero de 2025, que había sido impulsada como respuesta social ante la proliferación descontrolada de explotaciones industriales en zonas rurales.
Pueblos vivos, agua muerta
Organizaciones como Ecologistas en Acción o Pueblos Vivos Cuenca denuncian que el plan está siendo redactado “a medida de los lobbies ganaderos y energéticos”, sin participación pública efectiva, con falta de transparencia en los promotores, y sin un estudio serio de alternativas a escala local y comunitaria.
El supuesto tratamiento “verde” de los purines se traduce, en la práctica, en la importación de residuos desde otras regiones, el aumento del tráfico de camiones cisterna y la saturación de acuíferos. De hecho, el 63 % de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha ya presenta contaminación por nitratos, según Greenpeace.
¿Qué pasa en Albacete?
En la provincia de Albacete, uno de los epicentros de la ganadería intensiva del país, el plan prevé también la instalación de múltiples macroplantas de biogás, especialmente en la Sierra del Segura, La Mancha y los alrededores de Hellín, Villarrobledo y Almansa. La agroindustria sigue encontrando en nuestras comarcas una tierra barata, sin regulación efectiva y con mano de obra precarizada.
Estos proyectos, lejos de suponer una diversificación productiva o un impulso al mundo rural, consolidan un modelo extractivo, altamente dependiente de subvenciones europeas y sin retorno social para los pueblos.
Un modelo que no huele a limpio
Como señalaba recientemente Fernando Ferrando, de la Fundación Renovables, esta simbiosis entre macrogranjas y biogás “es insostenible en lo ecológico, lo económico y lo ético”. Se trata de legitimar con argumentos energéticos un sistema que ya ha demostrado ser ambientalmente inviable, laboralmente precario y socialmente rechazado.
✊ Alternativas desde lo común
Desde La Avanzada defendemos un modelo energético y agroalimentario al servicio de los pueblos, no de las grandes corporaciones ganaderas y energéticas. Frente al falso “lavado verde” del biometano industrial, hay que exigir:
- Proyectos comunitarios y descentralizados de gestión de residuos.
- Moratoria real y definitiva a las macrogranjas.
- Transparencia en la planificación energética y participación vinculante.
- Agua y tierra para quien la trabaja, no para quien la contamina.
