A continuación recogemos algunos de los nombres que con más claridad representan en España, durante los últimos años, lo que ha significado la plasmación de la cacería judicial de tintes políticos, también conocida como lawfare.
Juan Carlos Peinado
Entró en la judicatura de manera tardía, con 40 años. En 2013 se presentó como candidato al CGPJ como vocal independiente, sin éxito, y en 2019 intentó cubrir la plaza de juez de refuerzo de la Audiencia Nacional (AN Tampoco lo logró, buscaba un puesto con fama. Juan Carlos Peinado fue el juez que llamó a declarar, sin practicar diligencia alguna ni haber requerido la opinión de la Fiscalía, a doce periodistas por informar sobre el caso de los CDR. Los llamó tras desvelar la Cadena SER el contenido del sumario, una publicación que la cadena defendía como “información veraz y de indudable interés público”. Se terminó archivando.
También fue el juez que admitió una denuncia de Manos Limpias en 2015 contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata por unos tuits, algo que ya investigaba la AN. Peinado acabó inhibiéndose a favor de este órgano. Es también el magistrado que investiga a la editorial Santillana por una denuncia de Vox, que asegura que les comparaba con el nazismo en un libro de texto de Primero de Bachillerato. Según informó El Periódico, sin embargo, “la atribución que imputa el juez al libro denunciado no existe”. “En ningún caso aparece [Vox] como partido antisistema, nazi, ni nada semejante”, aseguró el periódico, aunque tampoco hubiera sido una falsedad, todo sea dicho. Hoy en día ha alcanzado la fama que tanto ha perseguido hostigando judicialmente al presidente del Gobierno y a su esposa Begoña Gómez, lo que a todas luces es un caso de lawfare dado lo estrambótico de su argumentarlo jurídico, acusado ahora con notable fundamento de prevaricador, con el apoyo de la Fiscalía.
Manuel García Castellón
Manuel García Castellón entró en la carrera judicial en 1982. Rápidamente se afilió a la asociación conservadora, la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), donde llegó a ser el tesorero. En sus inicios como titular del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, destacan sus acciones contra la clínica Ginemédica, uno de los primeros centros en practicar abortos en Valladolid. El hermano de García Castellón, militante del OPUS y presidente de PROVIDA, estaba detrás de la denuncia que llevó a registrar la clínica poniendo en peligro la intimidad de las mujeres. Castellón ordenó su registro y abrió un juicio oral contra el personal médico del centro por practicar, presuntamente, abortos ilegales, aunque finalmente no hubo ninguna condena.
En 1993 recaló en la Audiencia Nacional. Durante esta etapa, García Castellón, que investigaba las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena, rechazó citar a declarar al torturador argentino y capitán de corbeta, Adolfo Scilingo, por su relación con las desapariciones. Al final, García Castellón se inhibió de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo.
En el año 2000, bajo el gobierno Aznar, tras siete años en la AN, logró uno de los destinos más cotizados en la judicatura, ser nombrado como magistrado de enlace en Francia. Un puesto al que no se llega allí ni por puntos ni por mérito ni por oposición y donde se gana mucho y se trabaja poco. Tras 12 años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Rajoy lo envió a Roma, otro destino suculento donde se trabaja menos aún, hasta que en mayo de 2017, apenas seis meses más tarde de aquella conocida conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana sobre cómo mandar a un juez sustituto “a Onteniente”, decidió reintegrarse a su plaza, algo difícil de entender. A los 64 años, tras 17 años fuera de un juzgado, García Castellón decidió renunciar al puesto de Italia para cobrar menos y trabajar más.
Su regresó fue provechoso para muchos, se dedicó a archivar investigaciones contra Cospedal, Esperanza Aguirre y otros dirigentes de la derecha e inició su conocida cruzada contra el independentismo catalán y Podemos, plagada de actuaciones irregulares y sin fundamento jurídico. Afortunadamente se acaba de jubilar, aunque dejando como despedida una onerosa demanda contra Ione Belarra por llamarle prevaricador, demanda que estudiará el TS, donde tiene buenos contactos.
Ismael Moreno Chamorro
Un magistrado de corte ultra conservador que comenzó su carrera profesional en el Cuerpo Nacional de Policía en 1974, con Franco todavía vivo. Ocupó el cargo de inspector de segunda del Cuerpo Superior durante nueve años. Ese período le ayudó a estudiar para acabar licenciándose en Derecho en 1983, momento en el que dio comienzo su carrera judicial y, de forma extraña, consiguió en solo 2 años colocarse, como juez de la Audiencia Nacional, donde hoy continúa. Ya asentado como juez tuvo que declarar por presuntas irregularidades en un atestado que realizó cuando era policía, toda vez que existían claros indicios de que había alterado un atestado policial en una comisaria de Bilbao para incriminar a un detenido en un asesinato. Se ha destacado por ser martillo de personas vinculadas a la izquierda política y guante de seda con la extrema derecha, como cuando tuvo que instruir un proceso judicial contra miembros de Falange y Tradición, acusados de al menos 19 actos delictivos, atentados principalmente contra monumentos relacionados con la memoria histórica y contra personas y negocios vinculados a la izquierda abertzale, proceso que se saldó con penas muy livianas. Muy famosa fue la infundada y carente de sentido detención y envió a prisión provisional de los titiriteros por la obra de guiñol en la que aparecía la expresión “ALKA ETA”. Nunca se le impuso sanción disciplinaria por tan desproporcionada actuación. También resultó lamentable su papel en la fuga del líder de la organización criminal holandesa Mocro Maffia.
Joaquín Aguirre
Polémico magistrado que lleva atrincherado 36 años en el mismo Juzgado de instrucción Barcelona, se ha hecho tristemente famoso por su peculiar forma de investigar al independentismo catalán, en especial por el caso Voloh, una supuesta trama rusa del procés. Tras números reveses por parte de la Audiencia Provincial, que le ha ordenado archivar la causa sucesivas veces, ha vuelto a reabrirla, resultando hilarante el auto de 56 páginas por el que reabre de nuevo la causa y donde encontramos que el magistrado decide abordar aspectos de geopolítica a nivel internacional que él cree relevantes en términos jurídicos para la investigación del procés, como la Segunda Guerra Mundial, la guerra hibrida o el ciberterrorismo. Alcanza el juez el éxtasis cuando considera una coincidencia histórica el inicio de la investigación de esta causa y la sentencia del caso de la trama Gürtel que provocaría en 2018 la moción de censura que daría entrada al PSOE en el Gobierno del país. El auto concluye declarando dos delitos en proceso de investigación, uno por traición a la patria y otro por malversación de caudales públicos, en línea con el Tribunal Supremo. Se ha negado a aplicar la ley de amnistía.
José María Macías
Comenzó su carrera judicial en 1990 especializado en contencioso administrativo. Macías formó parte del CGPJ como vocal desde 2013 hasta 2024, siendo el líder del partido judicial en este órgano, manteniéndolo secuestrado durante más de 5 años pese a tener su mandato caducado y utilizando de forma constante el Consejo para lanzar comunicados e informes contra el Gobierno, como sucedió con la ley del solo sí es sí. En este cargo mantuvo una postura especialmente dura contra cualquier posibilidad de renovación del CGPJ y ha llegado a pronunciarse sobre la ley de amnistía asegurando que era “inconstitucional” y puntualizando que «los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía son los que con sus votos la están sacando adelante». En esta línea, aseguró que consideraba que el Estado de Derecho quedaba “abolido” a causa de esta ley. Por su esmerado trabajo en el CGPJ fue propuesto recientemente por el PP como magistrado del Tribunal Constitucional.
Pese a sus públicas opiniones sobre la ley de amnistía, y firmar rígidos informes y comunicados contra esta ley, se resiste a abstenerse de conocer los recursos de inconstitucionalidad que el PP, que le propuso para su cargo en el TC, ha interpuesto contra esta ley. La fiscalía ha presentado una solicitud de recusación contra este magistrado.
Concepción Espejel
Magistrada muy conservadora, amiga de Cospedal, entró en 2008 en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. En 2016, fue apartada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional de los tribunales que iban a juzgar la trama Gürtel y el caso Bárcenas debido a su afinidad con el Partido Popular, imputado en la causa; no había querido abstenerse por iniciativa propia.
Se ha mostrado implacable respecto a la concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA y ha firmado los autos más duros contra los permisos, terceros grados y escritos de arrepentimiento de los presos, tratando de impedir el proceso de normalización en el País Vasco. Presidió el tribunal que juzgó a los jóvenes por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles, condenándoles por terrorismo. Pese su afinidad con la Benemérita, al estar casada con un mando de la Guardia Civil, no se abstuvo de formar parte del tribunal.
Actualmente es magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, donde ya ha demostrado su carácter cavernario oponiéndose, en clara minoría, a la declaración de plena constitucionalidad de la ley del aborto de 2010.
Manuel Marchena
El actual presidente de la Sala Segunda del Supremo gozó de un ascenso meteórico en la carrera judicial gracias a padrinos ultraconservadores y se distinguió siempre por sus resoluciones claramente favorables al Partido Popular, aunque lo niegue. Nada más alcanzar la cúpula de esa Sala de lo Penal –encargada de juzgar a todos los aforados–, mantuvo un almuerzo con el exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, implicado en el caso de los papeles de Bárcenas. Implacable, junto a su compañero Llarena, con el independentismo catalán, ha sido el ideólogo y referente del partido judicial derechista, trufando sus resoluciones con constantes discursos políticos y criminalización de la protesta civil organizada. Felizmente le queda poco en la presidencia de la Sala de lo Penal del TS.
Juan José Escalonilla
Juez de larga carrera judicial, comenzó a tomar notoriedad hace pocos años cuando empezó a significarse por su tendencia derechista dentro del partido judicial. Una de sus primeras resoluciones polémicas tuvo que ver con el chat de policías municipales de Madrid en el que se amenazaba de muerte a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Escalonilla archivó la causa al no ver indicios de discurso de odio. Esto a pesar de que además de insultos a la exalcaldesa, en los chats los policías se lamentaban de que Carmena no hubiera estado en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros. Más recientemente, Escalonilla fue el juez que archivó la denuncia de los vecinos de la Cañada Real contra la Comunidad de Madrid y Naturgy por los cortes de luz. Pero donde de verdad tomó notoriedad fue por iniciar una cacería judicial contra Podemos y Unidas Podemos, una macrocausa con hasta diez líneas de investigación, entre ellas el caso Neurona, donde llegó a imputar también a un dirigente de IU. Tras 4 años de investigación, y muchas portadas, todas las causas han quedado archivadas.
Enrique López
Entre 2001 y 2008 fue portavoz del CGPJ, desde el que se erigió como un elemento más de oposición al Gobierno de Zapatero. Se pronunciaba públicamente contra el Estatut, la Ley de Violencia de Género aprobada o contra la descafeinada primera Ley de Memoria Histórica.
En 2013, cuando el caso Bárcenas ahondaba en la financiación irregular del PP, Mariano Rajoy llamó personalmente al CGPJ para interesarse por el reparto judicial del caso —que se disputaban Gómez Bermúdez y Pablo Ruz— y manifestar su preocupación por la imagen que estaba trasladando la Audiencia Nacional. En el partido había miedo a que el juez Gómez Bermúdez mandase a prisión a Luis Bárcenas. Finalmente, la sala de lo Penal, en un auto del que fue ponente Enrique López, impidió la declaración de Bárcenas ante Bermúdez, recayendo el caso finalmente al juez Ruz, mucho más joven y dócil. En 2014, a los meses de ser aupado al TC por el PP, tuvo que dimitir como magistrado de este tribunal al ser condenado por conducir borracho. Tras su paso por el Gobierno Ayuso, ha vuelto a su plaza en la AN donde resuelve apelaciones con un tinte netamente conservador y poco garantista.
Mercedes Alaya
Esta jueza sevillana emprendió 4 causas judiciales, que implicaban en total más de una decena de delitos, portadas y grandes titulares contra cargos públicos de IU, entre ellos José Manuel García y Antonio Rodrigo Torrijos, concejal y exteniente de alcalde de Sevilla respectivamente (2007-2011), que fueron durante un tiempo en Sevilla objetivo público número uno de la derecha. Años después, todas las acusaciones (los casos Sevilla Global, Fundación de Sevilla, Mercasevilla y Fitonovo) han quedado en nada. Han sido absueltos en todos los procesos iniciados por Alaya, en lo que fue un claro «laboratorio de lawfare«, “cacería política” como el propio Torrijos prefiere indicar en castellano, más fácilmente entendible por la población de nuestro país.
En los casos instruidos por Alaya se produjo un acompasamiento de la instrucción y el tiempo electoral, anunciándose las imputaciones de los compañeros de IU en plena campaña electoral. Sobre otras causas instruidas por Alaya, cabe señalar el fisco que ha supuesto el caso EREs, donde el Tribunal Constitucional finalmente ha declarado la absolución de números implicados vinculados al PSOE o sindicatos.
Salvador Alba
Personaje siniestro, representa el arquetipo del juez corrupto y prevaricador, condenado y encarcelado por perseguir a la también jueza Vicky Rosell. Sobran las palabras sobre este delincuente al que la justicia española, pese a las resistencias y dilaciones, no ha tenido más remedio que condenar por perseguir a una jueza integra y competente ante las abrumadoras pruebas que demostraban que fabricó una causa judicial contra ella para impedir que desarrollase su carrera política como diputada de Unidas Podemos. Condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Estremera.
Fuente : Mundo obrero
