Ya que la Iglesia Católica no es una institución democrática, sino una organización estructurada de forma jerárquica, la memoria que predica tampoco lo es. Sólo basta con acercarse a los documentos, declaraciones y testimonios de sus mandatarios, en cualquiera de los peldaños de su escalafón, especialmente de la Iglesia española, para dar fe de ello. Su memoria, en lo que se refiere a nuestro país, se sustancia, fundamentalmente, en regalarnos ceremonias de beatificación de los mártires religiosos de la guerra; por ello, su naturaleza, según la propia Iglesia, es de índole religiosa y no política. Con este argumento se pretenden separar de la identificación que con el régimen franquista tuvieron desde el inicio de la contienda. Sus portavoces nutren este discurso, aún hoy, señalando que, con estas exaltaciones de veneración hacia los suyos, lo que se busca no es otra cosa que el fomentar el espíritu de reconciliación, ya que se trata de personas que sufrieron martirio pero murieron perdonando. De este relato también se benefició el régimen y lo explota las derechas y extremas derecha nacionales.
Estos personajes entienden y declaran que otras memorias, la democrática, por ejemplo, sí que tienen un claro sesgo político que, y a día de hoy, provocan y potencian el enfrentamiento y la división. Pero nada más lejos de la realidad, aunque se afanen por mantenerlo.
Hay que partir de la base de que no existió un propósito antirreligioso claro y genérico de las autoridades republicanas —a las que tanta manía cogieron— pese a la propaganda de la literatura martirial del clero español, lo que sí hubo desde 1931 fue un choque cultural entre dos modelos identitarios en pugna por el concepto de ciudadanía que estuvieron representados, respectivamente, por lo que el profesor Rafael Cruz llama comunidad popular frente al pueblo católico. Y este escenario es en el que se ha de ser eficaz y sagaz para enfrentarse a él con el fin de contrarrestar, neutralizar y anular ese relato de la supuesta persecución religiosa, fomentada durante el franquismo, como bien se sabe y queda dicho, y que se agita sin visos de revisión por su parte. Y todo ello sin perjuicio de reconocer que hubo víctimas pertenecientes al sacerdocio —y otros estamentos en momentos determinados de ese periodo concreto— y que el sesgo anticlerical de la base popular española venía arrastrándose ya de muchos, muchos años antes del advenimiento de la II República.
Es entendible que quienes sufrieron la ofensiva laicista, sazonada con excesos anticlericales en determinados casos, se consideraran perseguidos desde la proclamación de la República y que la violencia generada con el golpe de Estado del 36 y en los primeros meses del inicio de la guerra, viniera a refrendárselo. Pero hasta ahí. Sus afirmaciones se basan en las abultadas cifras (y concentradas en pocos meses) de víctimas que, a diferencia de la revolución mexicana, por poner un ejemplo de país católico, la violencia en el caso español no fue responsabilidad del poder estatal, sino de su debilitamiento. Tampoco es menor otra diferencia: aceptando que mientras unos morían por la cruz, en la otra mitad de España donde logró triunfar el golpe militar, se mató en su nombre durante mucho tiempo a mucha más gente.
La historiografía moderna parece no haber entrado, o no tienen cabida, en las bibliotecas de seminarios y sedes arzobispales; o tal vez sólo una parte de ella, la del revisionismo y de las semblanzas de las víctimas de parte, lo que supone, de hecho, negar que hubo otras.
Desde la memoria de una sociedad democrática, como conciencia ciudadana común de una sociedad concreta y que necesariamente ha de ser laica, debemos estar atentos a las memorias de la pluralidad de sus integrantes, conocerlas pero dejando claro que es un presupuesto irrenunciable la convivencia respetuosa de las diversas opciones políticas, religiosas, sociales y morales y que sólo pueden ser aceptables cuando no sean excluyentes, traten de imponer al resto por medios violentos o coercitivos sus valores y principios y se enfrenten a los valores básicos de convivencia, respeto, igualdad y tolerancia que todo sistema democrático debe salvaguardar.
Fuente: Asociación Foro por la Memoria Democrática en Mundo Obrero
