Las manifestaciones y movimientos para tener acceso a una vivienda digna a un precio razonable vienen de hace años. Ya en 2003, en plena burbuja inmobiliaria, surgió el Movimiento por una Vivienda Digna (MDV), que fracasó debido a “El uso de un enmarcado radical e intransigente, la ausencia de estrategias que facilitaran el establecimiento de amplias alianzas sociales y la falta de disposición para cooperar con potenciales aliados políticos” según la Revista Internacional de Sociología.
En 2006 se formó V de Vivienda (VdeV), que reclamaba vivienda pública y alquiler asequible en pleno crecimiento económico. Tuvo éxito al convocar manifestaciones multitudinarias entre 2006 y 2008. Su lema “No vas a tener casa en la puta vida” se hizo muy popular y llegó a reunir unas 50.000 personas en la movilización de marzo de 2007 solo en Madrid. A finales de 2007 estalló la burbuja inmobiliaria y ya en 2008 empezaron a producirse desahucios de forma masiva.
En 2009 se constituyó por parte de antiguos miembros de VdeV la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, pero fue a partir del 15M en 2011 cuando miles de personas se movilizaron en las plazas y crearon PAH o Stop Desahucios en muchas localidades. El movimiento se coordinó a nivel nacional y sus acciones salieron en todos los medios casi a diario, logrando una gran sensibilización en la opinión pública. La PAH pedía moratoria en los desahucios sin alternativa habitacional y realojo garantizado, regulación de los precios del alquiler y destinar las viviendas de la Sareb a alquiler social, y suministros básicos (luz, agua, gas) garantizados con prohibición de los cortes a familias en situación de vulnerabilidad.
El gobierno de Rajoy creó en 2012 la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración Bancaria), también llamada “banco malo”, con los activos tóxicos (inmuebles y préstamos a promotores que no se podían pagar) de las entidades bancarias rescatadas, como Bankia, Catalunya Bank o la Caja Castilla-La Mancha, es decir, rescató a los bancos, no a la gente, que siguió endeudada con estos.
Entretanto, las actividades de la PAH y Stop Desahucios continuaban, tanto en la labor de asesoramiento y acompañamiento a las familias, como en las movilizaciones. Se establecieron puentes de colaboración con fuerzas políticas como IU y el recién nacido Podemos. En 2014, una movilización gigantesca de partidos de izquierda, sindicatos y colectivos sociales reunieron en Madrid a cerca de 2 millones de personas: eran las Marchas de la Dignidad, que reclamaban “pan, trabajo, techo y dignidad.
El PP, con su mayoría absoluta, promulgó la llamada “Ley Mordaza” (2015), que castigaba a los activistas que intentaban evitar desahucios con severas multas económicas y protegía sobremanera a los cada vez más fascistas cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Por cierto, dicha ley sigue sin ser derogada por el gobierno del PSOE.
Pero la medida más inteligente y sutil fue la de criminalizar la “okupación” en los medios y hacer creer a la gente de que si te ibas a comprar el pan, te podían okupar la casa; algo que es totalmente falso, pero se logró el efecto deseado. Así, la opinión pública pasó de estar conmovida con las personas que habían sido expulsadas de sus casas por una entidad financiera y encima arrastraban una deuda con esta, a señalar como culpables a esas mismas personas cuando ocupaban una vivienda en manos de dicha entidad. Ese
golpe de efecto, potenciado por famosas presentadoras de televisión, encima mostraba como héroes a escuadristas nazis como Desokupa. En muchos casos se utilizaban casos falsos, pero el miedo a la okupación había calado en la opinión pública.
En 2017 se creó el Sindicat de Llogateres de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que básicamente reclaman la reducción drástica de los precios de los alquileres, contratos indefinidos (Madrid) o estabilidad y protección frente a expulsiones (BCN), expropiaciones de viviendas a los fondos de inversión (fondos buitre, recuperación de viviendas vacías, alternativas habitacionales o fin de los desahucios, desarticular los grupos de “desokupación”, negociación colectiva por edificios, huelga de
alquileres y prohibir la compra especulativa viviendas.
Estos movimientos han participado en numerosas movilizaciones y, además de luchar contra los desahucios, han influido en la ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda promovida por Unidas Podemos. Su reciente defensa de la afectada Mari Carmen Abascal ha desencadenado una nueva ocupación de la Puerta del Sol como en 2011.
Como vemos, hay un hilo conductor entre el Movimiento por una Vivienda Digna de 2003 y los sindicatos de inquilinos de hoy día, y no es otro que las dificultades para acceder a una vivienda digna. Aunque se han conseguido algunos logros durante el gobierno progresista desde 2018 como el Plan estatal de vivienda (2018-2021), la ampliación de 3 a 5 años de la prórroga obligatoria de los alquileres (2019), escudo social de vivienda durante la pandemia (2020), el bono de alquiler joven (2022), el plan estatal para el acceso a la vivienda (2022), la ley por el derecho a la vivienda (2023), la línea de avales ICO para la compra de vivienda (2024), plan nacional contra la especulación extracomunitaria (2025), prohibición temporal de adquirir viviendas cuyo precio esté por debajo del 70% de su valor de tasación a los fondos de inversión, habilitación a los ayuntamientos para aumentar el IBI hasta el 150% para el alquiler turístico o el plan estatal de vivienda 2026-2030 (2026), la situación es grave, ya que familias o miembros de clase obrera destinan gran parte de su sueldo a pagar un alquiler con lo que tienen que reducir su consumo en alimentación, ocio, transporte o salud, con lo que llevar una vida digna se hace cada vez más difícil.
¿Qué falló en los diversos movimientos por el acceso a la vivienda? En algunos casos pudo ser un error el no querer contar con el apoyo con partidos políticos o sindicatos por miedo a ser utilizados por estos (MVD, VdeV); en otros, el quedarse en mera asesoría jurídica confiando en los partidos políticos cambios legislativos que tardaban en llegar o eran insuficientes (PAH, Stop Desahucios). En general, ha faltado un plan unificador con unos pasos claros para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas en este
país, ha faltado confianza en otros sectores sociales y políticos, la coordinación y organización con estos, y también ha faltado voluntad política en los gobernantes, especialmente en el PSOE que ha hacho algunas cosas, pero no va con todo por los fondos buitres ni los rentistas porque gran parte de sus diputados lo son.
Hay aspectos fundamentales para que esta vez tengamos éxito: por un lado, y de forma esencial, está la organización (plan de vivienda, coordinación con partidos, sindicatos y organizaciones afines), por otro, la movilización (urge seguir teniendo presencia en las calles en unión con otros colectivos, seguir parando desahucios y sobre todo, crear vínculos fuertes entre la gente); y finalmente, la comunicación, tanto en dichas redes sociales (a pesar de los tecnooligarcas y los algoritmos), como en los medios para cambiar de nuevo la sensibilidad tal y como pasó en 2006-2015. Es urgente que la vivienda sea el tema principal de campaña electoral y no entrar en otros derroteros que interesan a la derecha. Es fundamental crear lazos entre las personas que nos alimenten en la lucha.
En todo caso, y como vivimos en un sistema capitalista, los logros siempre serán parciales hasta consigamos transformar esta sociedad en socialista, y los comunistas podemos hacer una muy interesante labor didáctica. Sí, es esencial resolver los problemas de las personas afectadas por esta lacra de la vivienda, y que lo hagamos juntos (afectados, activistas y militantes), ¿pero luego qué? ¿Qué nos espera una vez hayamos conseguido mejorar un poco la situación de unos cuántos damnificados? Hay que ir más allá, y el paso es una sociedad socialista. Hay ejemplos que funcionan, hay sociedades donde está prohibida la especulación con la vivienda y donde el suelo es propiedad del estado.
