Las mujeres de Villamalea estamos sufriendo violencia homófoba y machista desde las instituciones, concretamente desde nuestro centro de salud. Hace unos días supimos que una de las médicas de la localidad, cuyo nombre no podemos revelar, tiene problemas para respetar el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de serios prejuicios hacia las mujeres lesbianas.
El caso sucedió como sigue. Una de sus pacientes solicitó atención telefónica para que esta profesional la derivase a ginecología ante su deseo de ser madre. Cuál fue la sorpresa de la paciente tras la negativa de la doctora a remitirla a ginecología al enterarse de que su pareja no es sino otra mujer. Ante las insistentes preguntas de la paciente cuestionando la posición de la doctora, ésta se escudó en una supuesta libertad para la objeción de conciencia. La paciente dice cumplir con todos los requisitos necesarios para someterse a los tratamientos de reproducción asistida en cuanto a edad y estado de salud, por lo que considera que este es un ataque homófobo, ya que la médica se negó a remitirla por su condición de lesbiana. Posteriormente, hemos sabido que esta médica también se ha negado en otras ocasiones a recetar anticonceptivos a mujeres jóvenes.
Sabemos de la mala praxis de esta profesional porque, si nos informamos, descubriremos que la objeción de conciencia está, por supuesto, regulada por las instituciones médicas correspondientes, pero no en los términos que esta “profesional” dice defender. Tal y como recoge el punto primero del Art.9 del Código Deontológico de nuestros profesionales sanitarios, “el médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponer las propias”. Asimismo, el punto primero del Art. 34 dice así: “la objeción de conciencia se refiere al rechazo a ciertas acciones pero nunca puede significar un rechazo a las personas que demandan esta acción en función de sus características individuales: edad, raza, sexo, hábitos de vida, ideología o religión”. El segundo punto de este mismo artículo dice que “en el caso de una objeción sobrevenida el médico objetor deberá comunicar al paciente de forma comprensible y razonada su objeción a la prestación que le solicita”. Por otro lado, también se ha vulnerado el Art. 52, que dice: “en materia de sexualidad, no es lícito interferir en la conciencia de las parejas desde la ideología del médico. Debe intervenir aconsejando o recomendando aquellas prácticas o medidas que redunden en un beneficio para los pacientes o para la futura descendencia. Está obligado a informar a sus pacientes acerca de todas las prestaciones a las que tenga derecho en materia de procreación y embarazo”. Además, preguntando a otros profesionales de la salud, cuyo nombre no daremos para proteger su intimidad, se nos ha informado de que la objeción de conciencia se da en casos de aborto y eutanasia, y que ningún médico de familia puede paralizar el inicio de un proceso de tratamientos de reproducción asistida. En cualquier caso, sería el profesional del hospital correspondiente, quien realiza la técnica misma de reproducción asistida, el que pudiese declararse objetor de conciencia, pero nunca el profesional de atención primaria. Es decir, queda patente que esta médica, más allá de ataques machistas y homófobos a sus pacientes, por si fuera poco, no está ejerciendo su profesión como debiera.
La paciente en cuestión, por supuesto, se ha visto obligada a cambiar de médica para poder iniciar el proceso de reproducción asistida junto a su compañera, pero ello no quiere decir que este ataque a los derechos de las mujeres vaya a quedar impune. Esperamos que todas las reclamaciones que se presenten ante esta supuesta profesional lleguen a buen puerto y que si otras mujeres han pasado por la misma situación se animen a reclamar y denunciar.
El derecho al aborto así como el derecho a ser madres lesbianas o a ser madres solteras han sido y siguen siendo una lucha histórica del feminismo y no porque estén reconocidos sobre el papel quiere decir que los estemos disfrutando plenamente. La presencia en centros de salud y hospitales de profesionales de ideologías reaccionarias y machistas no hace más que constatar que seguir defendiendo el derecho de las mujeres a la libertad es más necesario que nunca. La sanidad pública tiene que garantizar al cien por cien la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, sea cual sea su origen y orientación sexual. La violencia física contra las mujeres no es sino la punta del iceberg de toda una estructura misógina que nos trata como ciudadanas de segunda legitimando, por ejemplo, la idea de que no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni con quién queremos o no queremos relacionarnos sexoafectivamente. Es por ello que la eliminación de las estructuras machistas y patriarcales pasa por la organización colectiva de las mujeres heterosexuales y homosexuales para denunciar y combatir estas violencias que suelen ser silenciadas. Porque, si tocan a una, nos tocan a todas.
