Que el mundo se derechiza por momentos, ya no parece que sea cosa que alguien pueda poner en duda. Hagan lo que hagan. Page barre en un congreso de socialistas, Trump en EEUU, la OTAN reclama más y más fondos y así por todos lados.
La última manifestación del poder diestro la hemos podido vivir en el Congreso de los Diputados. Los de Puigdemont, Abascal y Feijóo, juntitos, tiraron para atrás un paquete de medidas de protección social (el famoso escudo social que se le llamó desde la izquierda). Tan amigos siempre cuando se trata de defender los derechos de quienes más tienen.
Muchas de las medidas de protección surgieron tras la pandemia y sus repercusiones. Curiosamente, España ha sido el país que más ha crecido económicamente en estos malos tiempos, aunque a algunos les estalle la cabeza por no entenderlo, a pesar del gasto en todas estas iniciativas. Quizá por ello, ha sido posible que revisión a revisión, algunas de las medidas se han ido cayendo, han ido desapareciendo.
No obstante, el gobierno, por empecinamiento de su parte de izquierdas, ha mantenido algunas que se han considerado fundamentales: poner topes al alquiler obligando a las prórrogas, imposibilidad de cortar la electricidad, gas o agua a familias vulnerables, bonificación en el transporte y combustible, los ERTE, del corte de suministros básicos a familias vulnerables (agua, luz y gas), etc.
Pero la derecha se ha hartado de proteger a quienes más lo necesitan y en esta ocasión han votado en contra y tirado para atrás el bloque de medidas de protección social con 177 votos en contra y 171 a favor.
Muchos de quienes votaron a estos partidos, se han desayunado con que muchas de las ayudas que venían disfrutando en transporte, por solo poner un ejemplo, se les han acabado.
La excusa de que era un paquete y debería ser votada cosa por cosa no termina de convencer cuando se trata de un proyecto de políticas sociales, y no de aprobar aquello que viene bien a quienes más tienen y al resto ni agua.
Se estiman que repercute a 20 millones de usuarios de transporte público, un millón y medio con bono social eléctrico, dos millones que necesitan del ingreso mínimo vital, 40 mil moratorias de desahucios y… ¡tachán! 10 millones de pensionistas. En Castilla-La Mancha casi 400.000 personas cobran una pensión (en torno a un 20% de la población total), de las cuales aproximadamente 210.000 son mujeres. Ahora que venga el señor Paco Núñez (PP), con su habitual diarrea verbal, a explicarles que su poder adquisitivo va a experimentar una mengua importante para mayor gloria de Feijóo y Abascal. A ver si esta vez los convence haciendo ondear banderitas de España delante de sus caras.
En fin, que en un país que alcanza los 13 millones de personas en pobreza se decide retirar de un plumazo el apoyo a la protección social.
ONGs, asociaciones de jubilados, sindicatos, etc. ya han clamado para que cuanto antes vuelvan a ponerse en marcha todas esas medidas de protección. Seguramente la derecha no cederá, seguramente muchos y muchas de quienes lo necesitan volverán a apoyar a la derecha, y seguramente, la derecha seguirá creciendo en todo el mundo.
PD: no olviden ahorrar y luego hacer una derrama para ponernos al día con la OTAN.
Fuente: Colectivo Puente Madera
