El gabinete de seguridad israelí, a propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó la semana pasada la creación de un organismo dentro de ese ministerio, para llevar a cabo el plan de deportación de los habitantes de Palestina, lo que en la práctica es una operación de limpieza étnica. La deportación y/o el traslado ilegal son considerados por el Estatuto de la Corte Penal como un crimen de guerra.
Katz ha justificado el acuerdo de un modo cínico, alegando que es para «permitir que cualquier residente de Gaza que quiera mudarse a un tercer Estado lo haga». El ministro israelí también ha declarado, sin pudor, que esta medida se hace conforme a la visión del presidente de Estados Unidos, quien efectivamente con la misma falta de pudor tampoco tuvo el más mínimo reparo en anunciar tras tomar posesión de su cargo en enero que su intención era vaciar Gaza para que Washington tomase el control de la Franja para convertirlo en un paraíso turístico, la Riviera de Oriente Medio.
El comité ministerial designado por la Cumbre Árabe e Islámica extraordinaria sobre Gaza se reunió el pasado en El Cairo el pasado domingo 23 de marzo y mostró su rotundo rechazo a cualquier intento de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania y la obligación que le incumbe a Israel como potencia ocupante de proteger a los civiles y respetar el derecho internacional humanitario. También la ONU ha advertido, en numerosas ocasiones que toda deportación de territorio ocupado está prohibida por la IV Convención de Ginebra de 1949.
Los diputados de Izquierda Unida, Enrique Santiago y Fèlix Alonso Cantorné de Sumar-En Comú Podem, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, han dirigido un escrito al Gobierno de España interesándose por la valoración que este hace de la creación del mencionado organismo por parte de Israel para el traslado de la población palestina de Gaza a terceros países. En el mismo escrito inquieren también al Gobierno sobre si este va a emitir algún pronunciamiento público al respecto y si tiene pensado el Gobierno realizar alguna propuesta ante algún órgano de la Unión Europea o de Naciones Unidas para adoptar una posición conjunta de denuncia de la ilegalidad de la decisión israelí.
El diputado Enrique Santiago, desde su red social X (antes twitter), ha declarado que el «El Gobierno de España debe oponerse públicamente a esta agencia para la limpieza étnica del pueblo palestino en Gaza».
Fuente: Mundo Obrero
