Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado los impagos que la empresa Centenari está realizando a los trabajadores y trabajadoras de varias residencias en la provincia de Albacete. Según han informado, los empleados de las residencias Paseo de la Cuba (Albacete capital), Almansa, Higueruela, Riópar y Molinicos aún no han cobrado sus nóminas de enero, lo que está generando una situación insostenible.
María José Tomás, responsable de UGT Servicios Públicos Albacete, y Milagros Martínez Aparicio, de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, han expresado su indignación y han advertido que no van a tolerar esta situación.
«Centenari nos ha comunicado que no tiene liquidez para pagar las nóminas, pero estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables, precarizados y feminizados. No vamos a permitir que los trabajadores sigan sin cobrar y tomaremos todas las medidas necesarias, incluso la huelga y acciones legales si es preciso», han declarado.
Los sindicatos han anunciado que preparan concentraciones en los centros afectados y estudian recurrir ante el tribunal económico de recursos contractuales por insolvencia de la empresa.
Asimismo, han instado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que no adjudique licitaciones a empresas sin solvencia, ya que esto afecta directamente tanto a los trabajadores como a los usuarios de las residencias. También han reclamado una revisión del decreto de condiciones básicas de los servicios sociales de atención especializada.
Desde UGT y CCOO han señalado además que los ratios de personal en estas residencias no son suficientes para ofrecer un servicio adecuado. En este sentido, han instado al Gobierno autonómico a plantearse que la gestión de estos servicios sea completamente pública para garantizar su estabilidad y calidad.
En los últimos años, las trabajadoras de Centenari han tenido que movilizarse en repetidas ocasiones debido a impagos por parte de la empresa, evidenciando un problema recurrente en la gestión de estos servicios. Mientras tanto el gobierno regional quien realiza las adjudicaciones las residencias de mayores con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la cabeza no duda en elogiar la colaboración público-privada cada vez que tiene ocasión. Sin embargo este modelo que, como demuestra este caso, se traduce en un trasvase de dinero público hacia empresas privadas que priorizan su beneficio a costa de los derechos de los trabajadores y la calidad del servicio para los residentes.
