El gobierno municipal de Munera ha recibido un severo revés tras el dictamen del Defensor del Pueblo, que confirma las denuncias de IU sobre la existencia de contratos adjudicados «a dedo» y al margen de la legalidad. La formación de izquierdas, a través de su portavoz, ha destapado un sistema de contratación opaco donde se utilizaba un procedimiento abolido por la Ley de Contratos del Sector Público desde 2017 para adjudicar los servicios de asistencia jurídica y técnica urbanística.
La gravedad del asunto trasciende la mera gestión administrativa. Según denuncia IU en nota de prensa, el Ayuntamiento ignoró las reclamaciones de nulidad apoyándose en informes elaborados, paradójicamente, por el propio abogado beneficiario de uno de los contratos irregulares. Este letrado, llegó a emitir juicio sobre licitaciones municipales en un claro conflicto de intereses que la Secretaría municipal asumió como propio para blindar las decisiones del alcalde.
El Defensor del Pueblo ha sido tajante en su resolución de diciembre de 2025: la cuantía económica no justifica eludir la publicidad y la libre concurrencia. Por tanto, las adjudicaciones son «nulas de pleno derecho».
Desde IU Munera exigen el cese inmediato de estas prácticas caciquiles y la apertura de licitaciones transparentes, preguntándose qué intereses ocultos se esconden tras la negativa del equipo de gobierno a cumplir con la ley y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los contratos públicos.
