El derecho a la vivienda, como a la salud o a la educación, se garantizará cuando el Estado genere las infraestructuras necesarias: hospitales, centros de salud, escuelas y… viviendas. Todo lo demás es humo
El debate sobre la vivienda ha tomado el protagonismo en la agenda política. No es para menos, quizá hoy sea el elemento generador de más pobreza y precariedad en nuestra sociedad, y más todavía entre los jóvenes.
Las movilizaciones se centran en elementos como topar el precio de alquiler, responsabilizar a los caseros, a quienes se les califica de rentistas y, por supuesto, señalar a los fondos buitres y grandes propietarios.
La izquierda ha adoptado el eslogan “La vivienda es un derecho y no una mercancía”. Sobre esta consigna, indiscutible, por cierto, habría que precisar que, en el capitalismo, los derechos se convierten siempre en mercancía cuando un Estado no los garantiza. No hay por tanto que hacer ningún tipo de pedagogía reivindicando que es un derecho y no una mercancía, basta con exigir al Estado que garantice el derecho e, inmediatamente, se acaba el negocio para algunos. Quiero decir, que centrarse en la maldad intrínseca del propietario o capitalista que hace negocio con la vivienda es una ingenuidad, porque lo único que está haciendo es comercializar con el producto/derecho que el Estado ha abandonado.
Sería absurdo que, ante un Estado que no construyera hospitales públicos, fuéramos a perseguir a los hospitales privados porque hacen negocio. Está mal hacer negocio con la salud, el modo de que unas empresas no se hagan ricas a costa de asistirnos médicamente es que el Estado nos garantice la asistencia.
Acusar al casero de rentista o exigir la limitación del alquiler, no necesita recursos económicos y suena bien. El problema es que no aumenta el número de viviendas disponibles
El mes anterior, yo señalaba que, muchos de nuestros políticos, planteaban propuestas y luchas que suenan muy honorables y justas, pero que no requieren presupuesto económico. Acusar al casero de rentista o exigir la limitación del alquiler, no necesita recursos económicos y suena bien. El problema es que no aumenta el número de viviendas disponibles, y los estudios están diciendo que para cada anuncio de alquiler, en las grandes ciudades hay cien interesados.
Ya los cubanos descubrieron que limitar el precio de las patatas estaba bien socialmente y sonaba muy socialista, pero si no se cultivaban más patatas seguirían faltando. Limitar el precio solo permitía que algunos agraciados pudieran acceder a ellas. Con la vivienda sucede algo similar, puedes congelar el precio del alquiler, pero de los cien interesados por cada anuncio, 99 seguirán sin conseguir vivienda.
Es verdad que también se exige limitar las viviendas de alquiler vacacional, pero el Banco de España ha calculado que el déficit de viviendas de alquiler es de unas 600.000 viviendas. Es evidente que no hay tantos pisos turísticos para convertirse en vivienda familiar.
Tampoco es muy coherente decir que los caseros se forran viviendo de las rentas de sus pisos y, al mismo tiempo, que no ponen las viviendas en el mercado de alquiler.
Seamos claros. El derecho a la vivienda, como a la salud o a la educación, se garantizará cuando el Estado genere las infraestructuras necesarias: hospitales, centros de salud, escuelas y… viviendas. Todo lo demás, por mucho que se vista de reivindicación la demanda, es humo.
Esas campañas públicas que les dicen a los jóvenes que su casero gana dinero fácil mientras ellos se matan a trabajar, podrá ser verdad, pero me temo que solo es señalar un cabeza de turco y escurrir el bulto por parte del Estado.
Fuente: Mundo Obrero
