El gobierno de España anunció la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional el 27 de diciembre de 2023. Esta medida, inicialmente temporal, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, el 14 de mayo de 2024, se aprobó un Real Decreto-ley que prolonga esta suspensión hasta el 15 de mayo de 2028. Y hasta aquí la solución que aporta el gobierno progresista a una de las consecuencias más dramáticas que acarrea el problema de la vivienda en España, solución a todas luces insuficiente si observamos los datos extraídos del informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo, por cierto, nada sospechosos de simpatizar con organizaciones y partidos izquierdistas.
Aumentan los desahucios en Albacete
Los datos recabados llegan hasta el segundo trimestre de 2024, en la provincia de Albacete computan 53 desahucios, un 130,43% más que en el mismo trimestre de 2023, lo que supone que se han producido más del doble de lanzamientos en el mismo trimestre respecto al año pasado. Del total, 43 de estos desahucios se han debido a impagos del alquiler mientras que los 10 restantes son consecuencia de ejecuciones hipotecarias.
Como comentábamos al principio, los datos sobre desahucios no son “como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué” (M.rajoy), debemos analizarlo como una consecuencia dentro de un contexto global más complejo y que da como resultado la expulsión de la clase trabajadora del mercado de la vivienda, en especial a la juventud, convirtiendo en papel mojado ese artículo 47 de la Constitución española, que reza aquello de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. El hecho de que se haya expulsado a personas de su hogar un 138,88% más que el año pasado en procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), refleja a las claras el grave problema que existe con la inflación en los precios del alquiler.
Advertía el “ínclito” Ábalos, cuando era recién estrenado ministro, que el Gobierno progresista debía cuidarse mucho de intervenir el lucrativo mercado de la vivienda, ya que sí, es un derecho, pero cuidado, que también es un bien de mercado. Más recientemente Isabel Rodríguez, ministra de vivienda y agenda urbana, apelaba a la solidaridad de los caseros para moderar el precio de los alquileres, lo más impactante del caso seguramente es que fue capaz de realizar tal proposición sin soltar carcajada alguna, por no mencionar declaraciones de la bancada progresista con algunos de sus flamantes ministros y ministras celebrando las citadas leyes como la panacea en la consecución efectiva del derecho a techo digno, “hemos prohibido los desahucios”, se vanagloriaban algunas y algunos en el congreso…
Seguramente Albacete no sufra tanto (aún) el problema de gentrificación que sí están padeciendo otras ciudades, problema que a la postre nos expulsa de muestras casas, de nuestros barrios, y que nos birla la expectativa de poder establecer un proyecto vital, pero está claro que no vivimos en un oasis ajeno a las dinámicas especuladoras del mercado de la vivienda. En Albacete el alquiler medio en septiembre de 2024 es de 802 euros mensuales, lo que representa un 6,8% respecto al año anterior, una tendencia alcista sin visos de frenar a corto o medio plazo. Como diría Rodrigo Rato, o quien sabe si algún cargo público cualquiera del PSOE: “es el mercado amigos”.
La historia se ha empeñado en demostrar que las medidas socialdemócratas consistentes en administrar pequeños parches en forma de trasvase de dinero público a manos privadas son contraproducentes, y es que dar ayudas directas a los inquilinos, por lo que sea, terminará provocando que el listillo de tu casero aumente el precio del alquiler en la misma cantidad, negocio redondo. ¿Qué tal si se ataja de verdad el problema y se expropian aquellas viviendas destinadas a la especulación? ¿y si se prohíbe acumular propiedades inmobiliarias destinadas a tal fin?, si como reza el artículo 47 de la constitución la vivienda es un derecho y las instituciones públicas deben velar por su cumplimiento, ni siquiera estaríamos hablando de una propuesta revolucionaria ni mucho menos, pero es en estas crisis permanentes que siempre sufrimos la clase obrera es donde al régimen del 78 se le ven las costuras. Independientemente de que facción burguesa gobierne, sea esta progresista o conservadora, el auténtico problema es que somos ovejas vigiladas por lobos, ¿esperaríamos de un gobierno del PP una medida efectiva para aliviar el problema con los alquileres?, respuesta fácil, seguramente no existiría siquiera ministerio de la vivienda. ¿esperamos medidas de un Gobierno PSOE-SUMAR?, respuesta más sencilla aún, si la ministra posee 7 bienes inmuebles, como es el caso, poco más que decir.
